"El trabajo no es una cuestión que se puede negociar, no es una variable de ajuste. Con los empresarios se puede discutir las posibilidades de prestarles capital, mejorar las exportaciones y los precios de las materias primas, pero nada más", remarcó la autoridad.

Frente al rechazo de los empresarios privados, que calificaron de imposible el pago de beneficios a los empleados eventuales, Delgadillo recordó que el gobierno dispone de 200 millones de dólares para préstamos al sector privado.

También se trata de una vía para fomentar sus posibilidades productivas, con un ocho por ciento de interés anual a 10 años plazo, precisó.

El gobierno aprobó el pasado viernes cinco decretos para garantizar el cumplimiento de todos los derechos laborales, cualquiera sea la modalidad de contratación, y el pago de beneficios sociales después de los 90 días de trabajo y no cinco años como estaba establecido hasta ahora.

Además se dispuso la obligatoriedad de las empresas para cumplir con normas de higiene y seguridad laboral, así como de la dotación de un seguro de riesgo ocupacional.