De esa forma, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu respondió a una solicitud de la fiscalía para archivar la causa abierta tras una denuncia hecha por el Centro Palestino para los Derechos Humanos.

El expediente trata sobre un bombardeo realizado por el ejército israelí contra un barrio de la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002, con saldo de 15 muertos y 150 heridos.

En un acto judicial divulgado este lunes en Madrid, el juez señala que hasta ahora las autoridades israelíes no han efectuado investigación alguna sobre los hechos ni por parte de las fiscalías ni por parte del alto tribunal.

El texto puntualiza que los hechos ocurrieron en la ciudad de Gaza, territorio que la comunidad internacional, sin distinción y en su conjunto, admite que no forma parte del Estado de Israel.

Agrega que se trata de acontecimientos que habrían de tipificarse como crímenes de guerra y hace referencia al Convenio de Ginebra, suscrito por España, sobre el régimen de jurisdicción universal.

Al asumir el caso, el magistrado esgrimió la ley orgánica del Poder Judicial, la cual permite a España investigar el genocidio, el terrorismo y los delitos contra las personas cometidos en conflictos armados, ocurridos en su territorio o fuera de él.

En el caso, Andreu imputó en enero pasado al ex ministro de Defensa de Israel Benjamín Ben Eliézer y a seis jefes militares de ese país por un delito contra la humanidad.

Los otros encartados son el ex asesor militar Michael Herzog, el ex jefe del Estado Mayor general Moshé Yaalón, el entonces comandante de la Fuerza Aérea israelí, Dan Halutz, y el titular del mando sur Doron Almog.

También el ex presidente del Consejo Nacional de Seguridad Giora Eiland y el director del servicio general de Seguridad, Abraham Dichter.