HOLGUÍN.— El 8 de marzo de 2005, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, anunció, ante cientos de federadas con las que celebraba el Día Internacional de la Mujer, varias medidas que beneficiarían a la economía del país.

La sustitución de efectos electrodomésticos permite elevar la calidad de vida de la familia e incrementar la eficiencia energética en el país. El pago de los mismos es obligación de todos

Fidel mostró en esa ocasión, algunos de los artículos que pronto se distribuirían paulatinamente a la población, y que contribuirían a elevar la calidad de vida de la familia cubana, a la vez que favorecía el ahorro energético en la Isla.

Comenzó así una nueva etapa, cientos de Trabajadores Sociales se enfrascaron en la distribución a lo largo del país de los módulos de cocción, modernos refrigeradores y televisores, por solo mencionar algunos de estos efectos.

No obstante, aunque el país cumple con el programa de entrega y cambio de los artículos, no todos cumplen con la obligación contraída de pagar lo que debe, aunque se ofrecen a las personas facilidades de pago, como el crédito social.

Solamente en Holguín se distribuyeron en estos años artículos cuyo valor supera los 1400 millones de pesos, de los que 215 millones están aún pendientes de cobro. Sobresale en esta negativa cuenta el municipio cabecera, con una deuda del 54 por ciento de la cifra antes mencionada.

En este sentido, Rafael Hernández Pereda, director provincial de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), reconoce que el 86 por ciento de las personas ya liquidó la deuda contraída, actividad en la que se destacan municipios como Antilla, Frank País, Sagua de Tánamo, Cueto y Calixto García, que se encuentran por encima del 95 por ciento de pago.

"Sin embargo, el municipio de Holguín, con una situación económica diferente, con un salario medio superior y mayor nivel de solvencia económica en la población, la indisciplina en el pago de esta importante deuda es mayor", explica Idania Ricardo Leal, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial.

Un ejemplo que mueve a la reflexión es el caso del calentador, efecto cuyo precio es de sólo 20 pesos y aún 39 807 personas no pagan, lo que representa más de 796 000 pesos, solamente por este concepto.

¿Qué pasaría si sucediera al revés y fuera una empresa o institución cualquiera quien adeudara esa cifra a los ciudadanos? De seguro lloverían las cartas a los periódicos reclamando tal atrocidad. Mas, como la deuda es con el Estado y este, como ya sabemos, somos todos los cubanos, entonces no hay apuro para pagar.

Hernández Pereda explica que la demora en el pago se debe, en lo fundamental, a la lentitud de muchas administraciones en tramitar el crédito en las oficinas bancarias correspondientes.

"Las personas tienen dos formas de pago, al contado y a crédito, que es la más empleada. Al recibir el equipo, el trabajador social entrega una copia del compromiso de pago, con el que debe personarse en la bodega y pagar, si lo hace en efectivo, o a la administración de su centro laboral, para que se realicen los trámites del crédito social correspondiente", especifica.

"No obstante, muchas veces la administración engaveta el documento, o no entrega al trabajador el cheque que emite el Banco. Sucede, igualmente, que una vez que se le comienza a descontar del salario la cifra correspondiente a la mensualidad convenida en el crédito, la persona piense que ya liquidó la deuda, que se mantiene vigente en su bodega, hasta tanto no entregue allí el cheque que emitió el Banco y reciba la copia del compromiso de pago, que constituye a su vez, la propiedad del equipo", subraya Hernández Pereda.

Para revertir esta situación, explica, se adoptan medidas como el embargo preventivo de hasta el 50 por ciento del salario de las personas cuya deuda supera los 90 días. Hasta la fecha esta medida se le ha aplicado a 453 trabajadores.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, transportistas o arrendadores en igual situación, por acuerdo del Consejo de Administración Provincial, se le hace un requerimiento de pago, el que debe cumplir antes de 30 días. Si no paga, se le retira el permiso para la actividad que desempeña.

Es bueno decir –aclara Hernández Pereda– que, de 390 personas requeridas, sólo se retiró el permiso a cinco casos.

Igualmente, explica, se acometen acciones con los grupos comunitarios, los CDR y la CTC para recabar en la población el pago de esta deuda.

Otra acción emprendida, en el municipio de Holguín, es la designación, en cada una de las bodegas, de gestores de cobro, para la revisión de los compromisos de pago, y depurar la situación de cada deuda.

El caso de las personas que no cuentan con capacidad de pago, se analiza en la comisión presidida por la ONAT e integrada por el Instituto Nacional de Seguridad y Asistencia Social, el Banco y los Trabajadores Sociales, y se le busca solución a cada caso en particular.

Por esta vía – enfatiza Hernández Pereda – se atiende a más de 2000 casos y en el 96 por ciento se encontró una vía de solución. Sin dudas, exigir a los deudores el cumplimiento de sus obligaciones debe preocupar y ocupar a todos.