Tres ex jefes de ejército, dos de ellos ex ministros de Defensa, coincidieron con opiniones civiles en culpar de lo sucedido a la política contrainsurgente del gobierno en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), donde según el ejecutivo operan alzados senderistas y narcotraficantes.

El polémico ex titular del ejército, general Edwin Donayre, dijo que la estrategia aplicada en esa zona debe ser modificada para evitar más bajas militares, por ser errada, y afirmó haber advertido de tal situación al ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz.

Criticó la militarización del VRAE y el afán de las tropas de tomar posiciones, lo que corresponde a la guerra convencional y no a la que se plantea en el área.

La estrategia errada, añadió, ha convertido a los soldados en blanco fácil, hay que poner en cambio énfasis en el acercamiento a la población mediante proyectos productivos, prometidos y no realizados, y desarrollar un trabajo de inteligencia puntual y eficaz.

Tras señalar que ante la falta de resultados hay que reestructurar la estrategia, censuró el hecho que las operaciones sean conducidas desde Lima y demandó que los mandos las conduzcan sobre el terreno.

Consultado al respecto, el titular de Defensa dijo que el gobierno ha decidido tomar el VRAE –mediante una ofensiva iniciada el año pasado- porque era inadmisible que la no hubiera presencia del Estado en la zona, donde las decisiones están a cargo del Comando Conjunto de las fuerzas armadas.

Flores-Aráoz señaló por otra parte que sigue la búsqueda de un soldado desaparecido en las emboscadas que el pasado jueves sorprendieron a dos patrullas, una tras otra, en la zona de Sanabamba.

Versiones de prensa añaden que hasta hoy tampoco han sido rescatados todos los cadáveres, por el mal tiempo reinante en la zona.

Las celadas dejaron un saldo de un capitán y 12 clases y soldados muertos, varios heridos y un desaparecido, así como importante armamento y equipos de guerra perdidos.

El ex jefe del ejército y ex ministro de Defensa José Graham comentó a su vez que en el VRAE hace falta una solución integral y no meramente militar, para pacificar y desarrollar al valle, con un programa social que brinde mayor atención a los pobladores.

"La pacificación no sólo se logra con mandar a las fuerzas armadas, hay que dar educación, salud, justicia a la población", aseveró.

Más duro fue el ex jefe del ejército y ex titular de Defensa Roberto Chiabra, quien dijo que las 13 muertes demuestra el desprecio de las autoridades por la vida de los soldados, expuestos inútilmente por falte de medidas de seguridad como el uso de helicópteros.

Chiabra coincidió con Graham en que el gobierno debe cambiar su estrategia, porque la actual no da resultado.

Similar criterio manifestó el sociólogo Jaime Antezana, familiarizado con el tema y quien señaló que ha fracasado la operación "Excelencia", iniciado el año pasado por el ejército, la fuerza aérea y tropas de élite de la Armada y que se basó en la toma de dos montañas como base para dominar el valle.

Dijo que ante la toma de las dos elevaciones, los alzados se replegaron y organizaron en otros puntos y lanzaron una contraofensiva que lleva hasta ahora cinco emboscadas con más de 30 bajas militares.

Según versiones periodísticas, las emboscadas fueron realizadas por unas 200 personas y las patrullas estaban integradas por 31 efectivos, incluyendo un guía civil y se desplazaban a una distancia de un kilómetro.

El analista conservador Rubén Vargas acusó al gobierno y a los mandos militares de haber enviado soldado inexpertos a una zona de guerra, y Flores Aráoz replicó que el 70 por ciento de las tropas son experimentadas.

El ministro sostuvo que el revés sufrido se debió a la reacción de quienes el gobierno llama "narcoterroristas" ante los avances de las fuerzas armadas y aseguró que "vamos a ganar la guerra".

Según el ex ministro de Trabajo y analista político Juan Sheput, los ataques deben ser investigados, por ser sospechoso que se hayan registrado dos días después de que el ex presidente Alberto Fujimori haya sido condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.