Según informó hoy la prensa, el cronograma para debatir y sancionar la normativa prevé que ésta ingrese a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados antes de fines de mes y pase sucesivamente al Senado y el Parlamento en pleno, donde la bancada del gobernante Frente Amplio es mayoritaria.

La intención es que el Legislativo apruebe la denominada Ley de Reparación Integral y la pase al Poder Ejecutivo el 20 de mayo, cuando se cumplirán 33 años del secuestro y asesinato en Argentina de varios opositores a la dictadura.

A tenor con las normas aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el proyecto propone ofrecer indemnización económica y asistencia profesional a las víctimas y familiares de quienes sufrieron represión de parte del régimen militar.

En uno de sus apartados más polémicos, el Estado admitiría ser el único culpable de los crímenes cometidos entonces y ofrecería garantías de no violentar jamás las normas democráticas.

Cada 20 de mayo, en una Marcha de Silencio en reclamo de justicia, los uruguayos recuerdan el secuestro y asesinato en Buenos Aires de los diputados Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez.

También, de los militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw y del activista de izquierda Manuel Liberoff, este último desaparecido hasta el día de hoy.

En una acción coordinada por la Operación Cóndor, todos fueron secuestrados por personal militar uruguayo y argentino y conducidos al tristemente célebre centro de reclusión Automotores Orletti, donde fueron asesinados.