El documento define a los niños como personas y requiere reconocer, respetar y asegurar los derechos de los menores comprendidos en la Convención de la ONU sobre el asunto.

La legislación establece que cualquier persona que sospeche que el derecho de un niño ha sido violado o que se encuentra en riesgo debe reportarlo a las autoridades.

Además obliga a los padres registrar el nacimiento de los hijos, protegerlos de abandono, discriminación, violencia y abuso, ofrecerles buena atención y asegurar que reciban educación.

La ley explícitamente prohíbe el reclutamiento y uso de niños por fuerzas armadas y grupos, así como torturas y tratamientos crueles, como castigos corporales en las escuelas, prisiones e instituciones públicas.

Otros aspectos comprendidos son la penalización de los matrimonios tempranos y de la utilización de menores para prostitución o pornografía.

Establece que ningún menor de 12 años puede ser juzgado, arrestado o encarcelado por actos criminales, y señala que se promulgará una nueva ley para restaurar un sistema judicial para niños mayores de esa edad acusados de esos delitos.