En un mensaje al pueblo desde Palacio Quemado, Morales informó que la decisión es por tiempo indefinido hasta que el parlamento se pronuncie a favor de la norma.

También señaló que al ayuno se sumaron los principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes; y de la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM), entre otros.

Según el dignatario, la huelga es para defender el voto sagrado del pueblo y su mandato expresado el 25 de enero último al aprobar por mayoría la Constitución Política del Estado.

Morales recordó que la carta magna ofreció un plazo de 60 días para que el congreso aprobara una ley sobre un sistema electoral transitorio de cara a comicios generales el próximo 6 de diciembre y regionales en abril de 2010.

Frente a la negligencia de algunos grupos de parlamentarios neoliberales estamos obligados a asumir esta medida de presión, remarcó.

A su juicio, la estrategia de los legisladores, sobre todo en el Senado (cámara alta), dominado por la oposición, es impedir la implementación de la Ley Suprema y de las elecciones generales donde se saben perdedores.

También fustigó el cuestionamiento de algunos parlamentarios adversos al cambio al voto de los residentes bolivianos en el exterior.

Al respecto recordó que en 2008, decenas de emigrantes que viven en Argentina también iniciaron una huelga de hambre frente a las instalaciones del parlamento reclamando ese derecho elemental al sufragio.

Morales condenó la decisión de reducir los escaños de los indígenas, originarios y campesinos en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional (nombre que adoptará el Congreso en 2010).

Con el pretexto de la densidad poblacional, afirmó, lo que ellos quieren (senadores opositores) es que no haya en el parlamento ni siquiera un solo indígena, advirtió.

Otra de las exigencias de los legisladores contrarios a la gestión de Morales es que se realice otro censo de votantes, lo que en opinión de expertos de la Corte Nacional Electoral dilataría el proceso hasta enero de 2010.

La demanda es otro de los pretextos para inviabilizar esos comicios, según el Ejecutivo.