Esa sed de venganza la estamos viendo por el resultado de la justicia después de siete años de ocurrencia de los acontecimientos, declaró hoy a Prensa Latina Gonzalo Gómez, asesor comunicacional y político de la Asociación de víctimas del Golpe de Estado de abril (ASOVIC).

Ahora hay amenazas de cobrar venganza con las víctimas, los abogados, con la juez, la fiscal y los escabinos que tuvieron que ser puestos a resguardo, indicó.

Manifestó que estos acontecimientos tienen una finalidad disuasiva ya que el juicio celebrado contra tres comisarios y ocho efectivos de la Policía Metropolitana (PM) -sentenciados a penas de tres a 30 años de cárcel- abrió una compuerta.

Primero, dijo, el juicio demostró que éstas no son las únicas víctimas ni los únicos victimarios, hay otros que no han sido llevados a los tribunales, además de los autores materiales, otros policías, pero que por distintas circunstancias del juicio no pudieron ser sentados en el banquillo.

Agregó que a ellos se suman los autores intelectuales, los planificadores, los organizadores, los instigadores, todo ese grupo político, empresarial burocrático sindical, corrupto, un sector de la jerarquía eclesiástica y militares que estuvieron en el golpe.

Gómez subrayó que todo ese grupo de factores eludieron sus responsabilidades, unos están prófugos y otros andan todavía por nuestras calles y continúan en la labor conspirativa contra la constitucionalidad, contra las libertades democráticas en Venezuela.

En este juicio -comentó- queda planteada claramente la tesis del golpe de Estado porque la actuación de la PM se explica como parte de una operación en la que ella era fuerza de choque para abrir una ruta de acceso al Palacio de Miraflores.

Lo que pretendían los golpistas era movilizar una marcha de sectores de clase media, disociados por los medios de comunicación privados y manipulados por estos medios para poderle mostrar al mundo que a Chávez lo tumbaba el pueblo, y detrás de eso se encubría un golpe militar, adujo.

El asesor de la ASOVIC recalcó que el juicio devela y establece jurídicamente que fue un golpe de Estado, incluyendo las conexiones y la participación de la embajada norteamericana comprobada a través de las emisiones radiales de los policías que constan en el control de las operaciones.

Denunció que ahora enfrentan una guerra mediática en la cual está comprometido fundamentalmente un canal de televisión privado, propiedad de banqueros, industriales, que estuvieron involucrados en el golpe de Estado y brindan su solidaridad incondicional a los condenados.

A través de esa campaña que están llevando a cabo se pretende presentar el juicio como amañado donde no hubo pruebas y la juez cometió exabruptos judiciales, dijo.

Están sometiéndola (a la jueza) al escarnio público, presentando su imagen, exhortando que no olviden ni su cara ni la de la fiscal del Ministerio Público que intervino en la acusación, pues están tratando de generar, como ya es costumbre en ellos, una animadversión y propensión a las agresiones.

En ese sentido recordó que ayer familiares de las víctimas y sus abogados realizaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sobre la manera en que ésta televisora privada está manipulando y solicitaron medidas cautelares.