El juicio del terrorista internacional Luis Posada Carriles, por presunto fraude migratorio y falso testimonio, ha sido fijado para el 10 de agosto, ante la misma jueza que lo liberó; y los fiscales federales que siguen sin reconocer su pasado terrorista han solicitado que se le imponga una fianza de 350 000 dólares como garantía de que comparecerá ante el tribunal.

Según EFE, se pidió también a la jueza Kathleen Cardone que Posada tenga que llevar un dispositivo electrónico en el tobillo; que no abandone Estados Unidos —lo elemental— y se abstenga de comunicarse con los terroristas Santiago Álvarez, Oswaldo Mitat, José Pujol, Rubén López Castro y Ernesto Abreu, quienes se negaron a testificar en su causa.

La magistrada Cardone estableció la fecha del juicio en una vista en El Paso, Texas.

El ex agente de la CIA tendrá que enfrentar cargos por haber intentado obtener la ciudadanía con declaraciones falsas en una solicitud presentada el 10 de septiembre del 2005, según la acusación. El terrorista también mintió bajo juramento en una entrevista con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional en abril del 2006.

En una maniobra dilatoria más para evitar su extradición, la Fiscalía Federal apeló la decisión de Cardone de desestimar el caso ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans que ordenó, después de un plazo interminable, que fuera juzgado.

El 19 de abril del 2007, Posada Carriles salió en libertad y se dirigió a la casa de su esposa en Miami. Nunca respetó las condiciones de su liberación ni el más mínimo decoro ante su situación.

REUNIÓN DE TERRORISTAS

Posada Carriles recién participó en Miami en una asamblea que reunió a connotados ejecutores del terrorismo contra Cuba.

El evento fue convocado por Ángel De Fana Serrano, quien participó en 1997 en la isla venezolana de Margarita, en un complot —planificado por Posada— para asesinar al líder de la Revolución Cubana Fidel Castro durante la Cumbre Iberoamericana.

El supuesto congreso de ex presos políticos reunió a miembros de organizaciones terroristas que cumplieron sanciones por su participación en acciones contra instalaciones civiles en la Isla, su apoyo a bandas de alzados autores de crímenes sangrientos durante los primeros años de la Revolución y su involucramiento en planes de atentados contra sus principales dirigentes.

La reunión se pronunció por condicionar cualquier avance en las relaciones entre Cuba y EE.UU., restringir cualquier modificación en la política estadounidense que no sea a favor de sus aliados, los mercenarios internos abastecidos y financiados con el dinero del contribuyente norteamericano.