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La necesidad de evitar que la recesión económica se transforme en
una recesión social, acordaron los participantes de la Cumbre de
Líderes Progresistas, clausurada este sábado en el balneario de Viña
del Mar.
Llamaron, para ello, a aplicar políticas que reanuden el
crecimiento, refuercen la protección social y estimulen la creación
de empleo y a poner a la gente primero.
En una declaración final del encuentro de dos días, señalaron
además la necesidad de construir las bases de una nueva economía que
permita que la prosperidad sea ampliamente compartida.
Más adelante, plantearon la necesidad de reformar la regulación
doméstica de las instituciones financieras y de coordinarse
internacionalmente en dicha regulación, evitar políticas
proteccionistas y concluir exitosamente la Ronda de Doha de la OMC.
En la cumbre, que reunió a numerosas personalidades, incluidos
los gobernantes de Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos,
Reino Unido, Noruega y Uruguay, propusieron la adopción de medidas
para estimular la economía y la aplicación de una acción coordinada
para una recuperación equilibrada y sostenida.
Precisaron asimismo que la reunión del G-20, el próximo jueves en
Londres, es vista como una excelente oportunidad para entregar una
respuesta efectiva a la crisis.
Demandaron también que las instituciones financieras
internacionales, incluyendo las regionales, jueguen un importante
rol en la prevención de las desastrosas consecuencias económicas
para los países emergentes y en desarrollo, y que se reformen esas
instituciones.
Al mismo tiempo, sostuvieron la necesidad de una recuperación
verde, para emprender urgentemente una respuesta coordinada al
cambio climático y expandir las inversiones en energías limpias, de
manera de establecer el camino para una economía global de bajas
emisiones.
Durante la cumbre, los dirigentes políticos de diversos países y
organismos internacionales analizaron los principales desafíos que
enfrenta hoy el mundo y discutieron las perspectivas de una
respuesta progresista coordinada.
En la declaración final, recordaron que la crisis económica
internacional, el estado del medio ambiente y las graves
consecuencias sociales que pueden resultar de éstas, demandan una
urgente acción de los gobiernos.