.— Pasado, sin que la
sangre fluyera, el pronosticado choque entre médicos públicos y las
autoridades dominicanas, ambos siguen atrincherados, los primeros en
el todo o nada y, las segundas en su negativa a ceder.
La versión oficial culpa al Colegio Médico Dominicano (CMD) de
haber desestimado el acuerdo explícito de reunirse con una comisión
oficial, integrada por un secretario sin cartera y el asesor
presidencial.
Centenares de médicos públicos marcharon la víspera, por primera
vez este año, hacia el Palacio Nacional en demanda de alzas
salariales, pero se dispersaron tras conocer que no serían recibidos
por el presidente Leonel Fernández.
El presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, advirtió la semana
pasada que ese gremio prepara "medidas más contundentes" y
"sorpresas" en su campaña de presiones para que el Ejecutivo
satisfaga sus reivindicaciones.
La pretensión parece estar en un callejón sin salida por las
encontradas posiciones de las partes: el CMD demanda el aumento de
inmediato y la presidencia aclaró hoy que cualquier aumento estará
incluido en un programa de aumento general de salarios.
El gobierno espera que "se produzcan propuestas concretas (...)
serían asimiladas por las comisiones que trabajan en el sector
gubernamental para resolver (...) la gestión de los recursos humanos
en el área de salud", dice un comunicado de la Presidencia.
Por su parte, el secretario (ministro) de Salud, Bautista Rojas,
fue más lejos y aseguró que no habrá aumento debido a la crisis
económica y advirtió que los galenos que no cumplan con su trabajo
serán sancionados.
Añadió que en los hospitales públicos hay "médicos que no asisten
a cumplir con sus labores", situación sin resolver debido "a la
negativa de los actuales directivos del CMD a discutir medidas
disciplinarias".
Añadió que existen casos de médicos que se hacen sustituir por
otros, situación que, aseguró Rojas, derivará en el despido de los
unos y la contratación de los otros.
De su lado, la directiva del CMD condicionó su asistencia a una
negociación a la presencia del presidente Fernández en la parte
oficial.
Desmedida o no, la exigencia resulta difícil de cumplir pues
implicaría una concesión que el mandatario, que ni siquiera alude al
conflicto, no está en condiciones de hacer.