Sánchez de Lozada es acusado de ser el principal responsable de una masacre en octubre de 2003, cuando la Policía reprimió una manifestación social en defensa del gas natural.

El ex presidente huyó en octubre de 2003 a Estados Unidos, donde permanece exiliado, tras dimitir debido a la revuelta popular que fue sofocada violentamente con saldo de 68 muertos y más de 400 heridos.

El gobierno boliviano denuncia que Washington pone trabas para que el ex gobernante responda ante los tribunales por esos crímenes de lesa humanidad.

La Corte fijó para el 18 de mayo la fecha de inicio de las audiencias públicas, precisó el letrado Hugo Suárez.

El presidente de esa instancia judicial, Eddy Fernández, había sido cuestionado por el Ejecutivo y varias organizaciones sociales por retardar la acción de la justicia.

Fernández es también acusado por diputados del oficialista Movimiento al Socialismo, quienes le atribuyen complicidad en la demora de procesos de fuerte impacto nacional.

En ese caso están además los mecanismos legales para juzgar por conducta antieconómica al otrora ministro de Salud, Tonchi Marinkovic, y al ex prefecto paceño, Luis Alberto "Chito" Valle.