En un acto la víspera para inaugurar un puente que unirá a las regiones de La Paz y Cochabamba, Morales solicitó la renuncia de Fernández por encubrir a Sánchez de Lozada (1993-1997, 2002-2003) vinculado a hechos sangrientos con saldo de 64 muertos y 400 heridos.

Morales estimó que al parecer se pretende dejar en el olvido aquella represión contra manifestaciones de organizaciones sociales en defensa de los recursos naturales y que no exista sanción contra quienes cometieron delitos de lesa humanidad.

El dignatario anotó que Fernández atina a levantar las manos para decir que no le corresponde ese caso y de esa manera dejar pendiente el juicio.

También la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del Congreso boliviano acusó a Fernández por bloquear procesos de interés nacional.

De acuerdo con esa instancia, la Corte Suprema que encabeza incurre en los delitos de retardación y negación de justicia.

En el caso de Sánchez de Lozada, quien está oculto en Estados Unidos para evitar la justicia boliviana, los cargos por genocidio fueron presentados hace más de cinco años, sin embargo, apenas han avanzado.

Para el representante de las víctimas del llamado "octubre negro", Julio Mayta, Fernández es cómplice del antiguo mandatario al promover la impunidad en un caso tan significativo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, René Martínez, señaló que el dictamen de los legisladores no implica condena, aunque existen -precisó- múltiples evidencias de la comisión de delitos.

También el ministro de Defensa, Walker San Miguel señaló que esa cartera se constituirá en parte coadyuvante en el pedido de suspensión a Fernández.