Una investigación de la empresa Cifra difundida hoy en esta capital también reveló que del total favorable a la consulta popular, el 42 por ciento votaría por la anulación de la normativa y el 27 por mantenerla, mientras el 31 por ciento dijo no tener una posición sobre el tema.

Una cuarta parte, entretanto, se mostró opuesta al plebiscito, y una proporción similar dijo no tener tomada una decisión al respecto.

El estudio de Cifra también cruzó la información sobre las opiniones ciudadanas en función de su identificación partidaria.

Entre los encuestados que militan o simpatizan con el gobernante Frente Amplio (FA) el 87 por ciento se pronunció por derogar la ley, y el 15, por mantenerla.

Entre los prosélitos del Partido Nacional, principal de oposición, el 22 por ciento está por derogarla, y el 40 por dejarla vigente, mientras el 14 por ciento de los del Partido Colorado votaría contra la normativa y el 40 a favor.

El estudio se da a conocer en momentos en que organizaciones políticas, sociales y defensoras de los derechos humanos recolectan firmas para lograr la convocatoria al referendo junto con las elecciones generales del 25 de octubre.

Miembros de la Coordinadora de la campaña informaron hoy que ya pasaron de 236 mil firmas, con lo que sobrepasan sobradamente el 93 por ciento de las 251 mil 847 que deben certificar ante la Comisión Electoral (el 10 por ciento del padrón electoral) antes del 25 de abril.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue aprobada por el Parlamento uruguayo en 1986, con el respaldo de los partidos tradicionales y el rechazo del entonces opositor Frente Amplio.