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El gobierno boliviano debatió durante ocho horas estrategias para
impulsar el proceso de cambio iniciado en 2006, e identificó
dificultades que lo limitan, señalaron hoy medios de prensa.
Encabezados por el presidente Evo Morales y el vicepresidente
Álvaro García, ministros, viceministros, legisladores y dirigentes
sociales analizaron hasta bien entrada la noche de este miércoles la
gestión ejecutiva y las acciones de cara a los comicios generales
del próximo 6 de diciembre.
Acordamos fortalecer el trabajo en algunas áreas, sobre todo en
aquellas con debilidades, explicó el ministro de la Presidencia,
Juan Ramón Quintana, citado por Radio Patria Nueva.
De acuerdo con el funcionario, quedó clara la necesidad de
articular y armonizar las labores del gabinete.
La implementación de la nueva Constitución, vigente desde el 7 de
febrero último, también figuró en la agenda del encuentro
desarrollado en la sede de la Vicepresidencia de la República,
agregó Quintana, quien descartó renuncias o destituciones durante el
foro.
Por su parte, el senador por el Movimiento al Socialismo Félix
Rojas afirmó que en la reunión fue valorado el escenario político y
los probables rivales en las elecciones de fin de año, refleja el
periódico Los Tiempos.
Según el legislador, del intercambio salió además como prioridad
continuar potenciando la lucha contra la corrupción.
A partir de las irregularidades detectadas en la estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el tema de la
corrupción está presente en la opinión pública, fenómeno utilizado
por la oposición como punta de lanza para hacer campaña contra el
gobierno.
Otro de los temas analizados tuvo que ver con la aprobación del
proyecto de ley de nuevo régimen electoral, encaminado a garantizar
los sufragios generales de fin de año y los regionales de abril de
2010.
La iniciativa pasó la Cámara de Diputados y es sometida a debate
en el Senado, donde la mayoría opositora en esa instancia pretende
modificarla e incluso dilatar su sanción.
En la Carta Magna recién promulgada se otorga al Congreso un
plazo de 60 días para aprobar dicho mecanismo.