Fernández permanece encarcelado en la ciudad de La Paz desde septiembre de 2008, acusado de perpetrar una masacre de campesinos el pasado año.

De acuerdo con el magistrado Félix Peralta, la sanción es la máxima pena en Bolivia, y está exenta de indulto, pues responde a los delitos de asesinato por la matanza de al menos 18 labriegos en la localidad de Porvenir y Filadelfia, el 11 de septiembre último.

Según el representante del Ministerio Público, el requerimiento fiscal tiene base en que hubo acciones planificadas en esas acciones violentas.

Peralta fundamentó que su requerimiento se sustenta en una tipificación específica de la legislación penal vigente.

El prefecto destituido de Pando "está procesado por un delito común y el artículo 252 del Código Penal establece que la pena máxima para el delito de asesinato es 30 años de presión sin derecho a indulto", afirmó.

Desvirtuó las declaraciones de la abogada defensora de Fernández, Sandra Almaza, quien habría manifestado que el fiscal no tiene ningún de tipo autoridad jurisdiccional para conocer este caso.

Este martes, también el ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, descalificó la campaña iniciada la víspera para exigir la liberación del opositor ex prefecto pandino.

Se trata de una bien montada maniobra política, apoyada por medios de comunicación privados, en aras de victimizar a los responsables de la matanza del 11 de septiembre de 2008, advirtió en declaraciones al canal 7.

De acuerdo con Quintana, los promotores de la cruzada buscan a través de la dramatización y el engaño confundir a la opinión pública.

Impulsan una cortina de impunidad para quienes organizaron y brindaron apoyo logístico en la masacre.

Para Quintana, nadie puede extrañarse de tal intento encubridor de los opositores, teniendo en cuenta sus antecedentes de corrupción y nepotismo.