Actualizado 12:30 p.m. hora local

Campesinos bolivianos impulsarán autonomías departamentales

LA PAZ, 12 de marzo (PL).— La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) anunció hoy que la próxima semana comenzará la conformación de consejos autonómicos departamentales para impulsar ese estatus en todo el país.

Debemos comenzar a trabajar, el proceso de implementación de las competencias territoriales plasmadas en la nueva Carta Magna no puede ser postergado por el capricho y el desinterés de los prefectos opositores, advirtió el secretario ejecutivo de la entidad, Isaac Ávalos.

Según el dirigente, corresponde al gobierno promover las autonomías en las regiones lo antes posibles, dejando al margen a quienes se empeñan en obstaculizarlas.

Ya no vamos a esperar nada de las máximas autoridades de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez; de Tarija, Mario Cossío; y de Chuquisaca, Savina Cuellar, renuentes a sumarse al debate, advirtió en declaraciones a la prensa.

Según Ávalos, la aplicación práctica de esas prerrogativas tiene que seguir con los actores políticos y sociales incorporados al Consejo Nacional Autonómico (CNA), el cual este martes celebró su segunda sesión y creó cuatro comisiones para potenciar el proceso.

Una de las cuestiones abordadas en el encuentro desarrollado en el Palacio de Gobierno fue precisamente la necesidad de crear estructuras regionales para complementar el accionar del CNA.

Para el líder de la CSUTCB, resulta fundamental llegar a todo el país y sumar a campesinos, obreros, profesionales, estudiantes y empresarios a la implementación de las más de 50 competencias fijadas en la Constitución.

Mientras, Costas, Suárez, Cossío y Cuellar insisten en apartarse del mecanismo autonómico, a menos que el Poder Ejecutivo cumpla sus condiciones.

Los prefectos opositores exigen, entre otras cuestiones, la liberación de varios detenidos en el paceño penal de San Pedro, donde permanecen encerrados por su presunta vinculación con la masacre de campesinos del 11 de septiembre de 2008 en el departamento de Pando.

El gobierno considera inaceptable tal demanda, al asegurar que son presos comunes y no políticos.

 

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