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Venezuela se propone hoy dar un nuevo impulso a la economía comunal,
con el respaldo de un nuevo Ministerio para las Comunas, resultado
de una reestructuración del gobierno anunciada esta semana.
El Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal pasa a
denominarse para las Comunas, con competencias en materia de
participación asignadas al ahora suprimido Ministerio de
Participación y Protección Social.
El estímulo de la economía comunal, incluyendo la entrega de
préstamos y apoyo técnico por parte del Estado, es parte de la
proyección del gobierno del presidente Hugo Chávez para ampliar la
participación ciudadana en la gestión nacional.
Entre las funciones de la nueva institución, encabezada por la
ministra Erika Farías, está fomentar la participación popular y
continuar impulsando la economía en ese nivel, según el decreto
correspondiente publicado en Gaceta Oficial el 3 de marzo.
A este organismo se le atribuye "la regulación, formulación y
seguimiento de políticas, la planificación y realización de las
actividades del Ejecutivo Nacional en materia de participación
ciudadana en el ámbito de las comunas".
Ello incluye el establecimiento de las normas operativas para las
proyecciones de cogestión de la población en el contexto de la
economía del Estado, lo cual incluye el uso eficiente de los
recursos destinados al financiamiento.
Al Ministerio para las Comunas se le entrega asimismo la
responsabilidad de participar en la elaboración de planes y
programas de la economía participativa junto a los sectores público
y privado e impulsar el desarrollo del sistema microfinanciero.
La gestión incluye programas de capacitación, en especial, la
adquisición de conocimientos técnicos para el procesamiento,
transformación y colocación en el mercado de la materia prima.
También es su competencia estimular las cooperativas, cajas de
ahorro, empresas familiares, microempresas y otras formas de
asociación comunitaria bajo el régimen de propiedad colectiva.
La economía comunal está sustentada, entre otras regulaciones en
la Ley de Fomento y Desarrollo de Pequeñas y Medianas Industrias y
Unidades de Propiedad Social con más de 150 mil proyectos
financiados por el Gobierno en estos sectores.
En los pasados cinco años, según estimados, la política significó
la creación de cuatro mil empresas, que buscan sustentar un nuevo
modelo económico, basado en conceptos socialistas, para ofrecer
servicios y productos de calidad a las poblaciones más necesitadas.