En una resolución adoptada por 31 votos a favor y 14 abstenciones, en su mayoría países industrializados, el Consejo indica que ese nuevo sistema debe ser justo, transparente y democrático, según un reporte divulgado en esta sede en Nueva York.

La aprobación de ese documento marcó la clausura de una reunión especial convocada por Brasil y Egipto para debatir sobre el impacto de la crisis económica y financiera sobre los derechos humanos.

El grupo de países que se abstuvo está formado por miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá y Suiza, los cuales alegaron que el Consejo no era el marco apropiado para debatir este asunto.

La resolución aprobada destaca que la crisis económica implica un reto para el respeto universal y el disfrute efectivo de los derechos humanos e insta a los Estados a cumplir con sus responsabilidades.

Asimismo, expresa inquietud por el impacto de la turbulencia económica en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y pide proteger a los sectores más débiles de la sociedad y garantizar la ayuda a los países en desarrollo.

El texto aprobado refleja la preocupación de que el cumplimiento universal y el disfrute efectivo de los derechos humanos se vean desafiados por crisis globales económicas y financieras múltiples e interrelacionadas.