El juzgado penal décimo segundo de la capital, encargado del proceso al ex ministro de Gobierno Arnulfo Escalona, el ex director de la Policía Carlos Bares y el ex subdirector de Migración Javier Tapia, dio a conocer el dictamen correspondiente.

En ese sentido, la jueza Marlene Morais determinó en su fallo que los procesados actuaron dentro del marco de deberes conferido a sus respectivos cargos, que justificaron por razón de una decisión tomada por la entonces presidenta de la República, Mireya Moscoso.

También estimó que no se aportaron elementos probatorios contundentes para determinar la responsabilidad de los imputados en el caso.

Posada Carriles y sus cómplices Gaspar Jiménez, Guillermo Novo y Pedro Remón fueron arrestados en Panamá en noviembre de 2000 durante la X Cumbre Iberoamericana cuando planeaban asesinar al entonces presidente cubano, Fidel Castro, en un acto popular.

En el 2002, el juez José Ho condenó a Posada Carriles y a Jiménez a ocho años de cárcel por atentar contra la seguridad colectiva y falsificación de documentos, y a los otros dos terroristas a siete, por el primero de esos delitos.

Sin embargo, en agosto del 2004 la presidenta Mireya Moscoso concedió el indulto a los terroristas, días antes de concluir su mandato.

A mediados del 2008 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las medidas a favor de Posada Carriles y sus cómplices.

Al respecto, los ex funcionarios estaban acusados de abuso de autoridad al cumplir la liberación del terrorista y sus cómplices antes que fuera publicado el decreto de indulto.