Se trata de un proyecto de ley de combate a la corrupción, que deberá ser todavía perfeccionado y modificado, resaltó la víspera Fernando Cordero, presidente del Legislativo.

El asambleísta Nelson López, jefe de la subcomisión de Contratación Pública, presentará el informe de esa normativa, la cual establece la necesidad de investigar, procesar y declarar jurídicamente la extinción del derecho de dominio de bienes de los particulares y transferirlos al Estado, en caso de que existan indicios de actos ilícitos.

Esta propuesta se aplicará únicamente sobre las propiedades situados en el país, pues cuando se encuentren en el extranjero, se aplicará lo establecido en los convenios o tratados internacionales vigentes, señaló.

Con el nombre de Ley de Extinción de Dominio de Bienes de Origen, Uso y Destinos Ilícitos, esta disposición no trata de perseguir al sujeto de un delito, sino más bien extingue la propiedad mal habida e identifica la ilegalidad de ésta.

Para el Fiscal general, Washington Pesantez, quien respaldó esta propuesta, la naturaleza de esta ley es sui géneris, porque no se enmarca en la acción penal ni civil, sino que se concibe como una normativa especial, porque su procedimiento es enteramente jurisdiccional.

Destacó en tal sentido la necesidad de fortalecer el trabajo de la Fiscalía y de crear una "unidad especial de investigación en extinción de dominio", con lo cual se pondrá fin a la impunidad.

Esta legislación contempla la anulación del derecho de dominio como una institución autónoma, de carácter patrimonial, previo juicio independiente, con observancia de las garantías del debido proceso y mediante sentencia, aseveró.

Este es un proyecto mejorado, que cuenta con el aporte y respaldo de instituciones públicas, pues una iniciativa inicial sobre este tema fue rechazada en diciembre pasado por la subcomisión de lo Civil y lo Penal del órgano parlamentario.