Continuaremos el proceso pésele a quien le pese, advirtió el directivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Juan de Dios Fernández.

De acuerdo con el funcionario, la legalización de tierras y el establecimiento de su adecuado uso económico-social enfrentan poderosos intereses.

Tenemos conciencia de lo difícil que será materializar la revolución en el sector, considerando la postura intransigente de latifundistas y enemigos del cambio, señaló a la prensa.

Según Fernández, la situación más compleja es en la región de Alto Parapetí, departamento de Santa Cruz, donde es mayor el llamado a resistirse a la campaña gubernamental.

Terratenientes incluso han acudido a la violencia para frenar la reforma en lugares en los cuales detectamos personas sometidas a condiciones de servidumbre, recordó.

Para el representante del INRA, la negativa de empresarios a asumir el proceso agrario debería canalizarse por vías legales y no mediante la fuerza.

Fernández fijó para 2009 la meta de titular nueve millones de hectáreas.