Los disturbios comenzaron cuando la policía ultimó a uno de los
participantes en una demostración callejera, encabezada por
Rajoelina, contra el cierre de su emisora televisiva VIVA. El
entonces alcalde, quien amenazó con imponer un gobierno de
transición para el que solicitó apoyo militar a la comunidad
internacional, acusó al gobernante de violar la Constitución, poner
en peligro la democracia y malversar fondos públicos.
El incendio del edificio de la estación de radio y la televisión
públicas, que parecía ser el epílogo de aquella protesta, se
convirtió en hecho cotidiano de los días siguientes, en los cuales
decenas de tiendas, oficinas y otros negocios fueron también
siniestrados.
Los vándalos arremetieron contra las sedes de varias empresas
relacionadas con el jefe de Estado, e incluso, la casa del portavoz
presidencial, Moxe Ramandimbilahatra, fue incendiada y destruida por
completo. Solo en un almacén del barrio de Analaqueli, totalmente
reducido a cenizas, los bomberos hallaron al menos 37 cadáveres,
aunque el periódico La Verdad, de Antananarivo, asegura que la cifra
de los fallecidos supera el centenar y los heridos se acercan a 50.
El primer balance de los daños materiales dado a conocer por la
televisión, arrojó que unos 100 inmuebles quedaron arrasados y miles
de personas perdieron su trabajo, y la policía reportó la detención
de 92 manifestantes.
Aún sin unanimidad sobre el número de víctimas, los medios
coinciden en que en la capital de la mayor isla del continente
africano se vivieron las peores escenas de violencia en años, aunque
los saqueos se extendieron a otras localidades. Un grupo de turistas
fue asaltado en un hotel de la ciudad portuaria de Tamatave, en la
costa oriental del país, y en Tuléar cinco fueron los decesos, entre
los cuales se encuentra el de una mujer embarazada que murió
pisoteada por la muchedumbre en un supermercado.
Entretanto, la ONU y la Unión Africana (UA) pidieron a las
autoridades locales garantizar la protección de la población civil e
insistieron en que los partidos malgaches deben solucionar sus
diferencias de manera pacífica.
El presidente Ravalomanana intentó detener el deterioro de la
situación con un llamado a la unidad nacional y al diálogo con su
rival político, y con la sustitución del jefe de la policía, Luciano
Raharijaona, por el general Pily Gilbain, debido a la actuación de
las fuerzas de seguridad durante los disturbios.
Sin embargo, de espaldas a todo intento de conciliación,
Rajoelina, quien ya rechazó la orden de separación de su cargo
emitida por el Gobierno, respondió incitando a nuevas revueltas y
con el anuncio de su intención de solicitar al Tribunal Supremo la
destitución del mandatario, a pesar de que la UA advirtió a los
opositores que no admitirá en su seno regímenes no constitucionales.
Mientras el jefe de Estado recorrió la isla acompañado por una
comitiva civil y militar, para constatar las condiciones del
territorio tras los enfrentamientos y llamar a los ciudadanos a
reanudar sus actividades cotidianas; el ex alcalde ordenó la
cesantía de 192 jefes barriales y, tras convocar a una concentración
frente al Ayuntamiento, pidió a los extranjeros no salir de sus
casas, pues sus seguidores afirman que continuarán las
manifestaciones hasta que él jure como Presidente.
En Madagascar se viven días de desasosiego, en un contexto de
calles desérticas, escasez de suministros de primera necesidad, como
el aceite y la harina, y largas filas para conseguir el poco
combustible que queda en los depósitos: calma tensa y quebradiza en
medio de la crisis política.