Las agrupaciones condenaron la decisión del Ministerio Público y de los tribunales de rebajar las acusaciones contra el ex fiscal de Delitos contra la Vida Álvaro Matus y concederle arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.

Mario Minera, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, aseguró que al desestimar los delitos de conspiración y obstrucción a las investigaciones se está vaciando de contenido el proceso contra el ex funcionario de la fiscalía.

Denunció, además, que cuando el juez escuchó los alegatos de los acusadores y defensores no se permitió el acceso a los miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de donde surgió la investigación.

Según Minera, los mismos poderes que ahora obstruyen el trabajo del jurista Carlos Castresana al frente de la CICIG son quienes por años han impedido castigar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.

Por su parte Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala, dijo a Prensa Latina que durante el período de Matus en el Ministerio Público se cometieron 21 mil 531 homicidios y apenas el uno por ciento de ellos llegó a juicio.

Esto, dijo Asturias, es una muestra de la impunidad acumulada durante años en la investigación y administración de justicia en el país.

Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, celebró que la CICIG comience a mostrar resultados en su lucha contra los poderes ocultos enquistados en las estructuras del Estado y llamó a crear un frente nacional contra la impunidad para apoyar este trabajo.

Es un buen indicio que se expongan a la luz pública todas las irregularidades cometidas en las entidades de investigación y en los tribunales, aseguró Cruz.