Testigos en la ciudad de Gaza y en las sureñas localidades de Khan Younis y Rafah, ésta última fronteriza con Egipto, dijeron haber escuchado fuertes explosiones el domingo en la noche como resultado de varias incursiones de los aviones hebreos.

La fuerza aérea atacó en la localidad norteña de Muqhraqa un edificio que se cree era utilizado para la seguridad por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), que controla la franja, mientras en la sureña Rafah bombardeó túneles subterráneos.

Según las fuentes, esas acciones armadas ocurrieron muy cerca de los límites con el territorio egipcio, desde donde Tel Aviv cree que ingresan armas de contrabando a través de pasadizos clandestinos para favorecer a los grupos islamistas palestinos.

Hasta el momento, los bombardeos no produjeron víctimas en Gaza, aunque la población se prepara para una nueva oleada de ataques por parte de los judíos, dada la fragilidad del cese del fuego unilateral decretado el 18 de enero tras 22 días de devastadora agresión.

La ofensiva militar denominada Plomo Fundido, que Israel lanzó el 27 de diciembre pasado, dejó más de mil 330 muertos y alrededor de cinco mil 300 heridos en la franja, frente a 13 bajas fatales y más de 330 lesionados israelíes, según datos de fuentes oficiales.

La dirigencia de Hamas, que también declaró un alto el fuego unilateral, considera vigente la agresión a la franja mientras el gobierno judío mantenga el bloqueo y el cierre de todos los cruces fronterizos, sus principales demandas para firmar una tregua duradera.

El domingo, por lo menos 14 cohetes y morteros disparados desde Gaza impactaron en el sur de Israel, con saldo de al menos dos soldados y un civil hebreos heridos, de acuerdo con socorristas.

Las Brigadas Mártires de Aqsa, brazo armado del movimiento Al-Fatah, que lidera el presidente palestino, Mahmoud Abbas, reivindicaron varios de los ataques, pero Israel atribuye a Hamas la responsabilidad de velar por la tregua.

A raíz de esas acciones, las máximas autoridades israelíes abogaron por una respuesta desproporcionada contra el enclave, amenaza que también avaló la oposición, inmersa junto con algunos ministros del gabinete en la campaña para las elecciones del 10 de febrero.