PARÍS.— Aun cuando entró en vigencia con el inicio del 2009, solo 20 naciones, entre ellas Cuba, habían ratificado hasta comienzos del mes la Convención sobre el Patrimonio Cultural Subacuático, suscrita en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ocho años atrás.

La Convención estipula la obligación de proteger el patrimonio sumergido, su preservación prioritaria in situ, la negativa a la explotación comercial de los vestigios, la cooperación entre los estados con miras a salvaguardar este valioso patrimonio, y la promoción pública de su importancia, y la concertación de programas para la formación de profesionales en arqueología subacuática.

Junto a Cuba, que formalizó su respaldo al tratado en mayo del año pasado, habían confirmado el documento hasta finales del 2008 Barbados, Bulgaria, Cambodia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, España, Libia, Líbano, Lituania, México, Montenegro, Nigeria, Portugal, Santa Lucía, Panamá, Paraguay, Rumania y Ucrania.

Con la entrada en vigor del instrumento, Koichiro Matsuura, director general de la UNESCO, advirtió que "a partir de ahora, la memoria histórica que representa el patrimonio cultural subacuático podrá gozar de una protección legal, lo que pondrá término al creciente tráfico ilícito alimentado por los saqueadores de los mares".

Entre las acciones emprendidas por Cuba se halla, por parte de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, la jerarquización del tema en el nuevo diseño que adoptó desde mediados del 2008 el Museo Castillo de la Real Fuerza.