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Gobierno Ecuador hace llamado a realizar marchas pacíficas

QUITO, 20 de enero (PL).— El ministro ecuatoriano de Gobierno, Fernando Bustamante, llamó hoy al movimiento indígena a realizar la protesta contra la ley minera de manera pacífica y ordenada.

La Policía Nacional tiene órdenes de cuidar a los manifestantes, mantener el orden y evitar cualquier intento de bloqueos de vías o el uso de la violencia, resaltó Bustamante en rueda de prensa con corresponsales extranjeros.

Los que quieran protestar pueden hacerlo, dentro del orden público, sin violar los derechos de las demás personas y sin atentar contra los bienes públicos, puntualizó.

El titular señaló que hoy conversó con el presidente de la Confederación de la Nacionalidad Kichwa, Humberto Cholango, y le reiteró sobre la necesidad de que las protestas en diversos puntos del país ocurran sin inconvenientes.

Al hacer un balance de las primeras horas de este martes, señaló que hubo un bloqueo de una vía en la zona limítrofe entre las provincias de Pichincha e Imbabura, al norte de Quito.

La carretera Panamericana Norte fue abierta poco después al paso vehicular por parte de la fuerza pública, que dialogó con los manifestantes congregados en ese sitio.

No queremos que estas manifestantes se utilicen para fines no legítimos y alertamos a la población de que mas allá de la protesta contra la ley minera algunos pueden tener otos intereses y eso se evidencia en las palabras y expresiones de sus dirigentes, aseveró.

Entre los puntos más neurálgicos en los cuales se podrían registrar inconvenientes mencionó la provincia de Azuay, donde en días pasados se reportaron bloques de vías, y al norte de Pichincha.

El Ministro reiteró que pondrán todos los recursos de la fuerza pública y del Estado para garantizar la normalidad en esta movilización contra la legislación minera.

Se prevé que en esta capital se realice un plantón frente al edificio de la Asamblea Nacional (parlamento) y después una marcha hasta el Palacio de Carondelet (sede de la Presidencia).

Los indígenas se oponen a la explotación minera a gran escala, consentida por la legislación aprobada por en la Comisión Legislativa, pues consideran que contaminan el ambiente y afectan las fuentes de agua.

Además reclaman la sanción de la ley del Agua, que plantea serias regulaciones a su uso y la propiedad del Estado sobre los recursos naturales.

 

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