El sábado pasado, comenzaron cuatro días de celebraciones que tendrán su momento culminante al mediodía de hoy martes 20 de enero cuando en el Capitolio de Washington Barack Obama jure su cargo como presidente de Estados Unidos y junto a su familia pase a residir durante los próximos cuatro años en el número 1600 de la avenida Pensilvania.

Pero a partir de hoy habrá llegado el momento de hacer efectivas las esperanzas de cambios que constituyeron el centro del mensaje y las promesas electorales del candidato triunfador. Obama y su equipo han llevado a cabo una transición exitosa, cuando se valora desde el punto de vista de la política norteamericana, tanto como lo fue la campaña electoral, pero tampoco exenta de errores y complicaciones.

Bill Richardson retiró su nombre como candidato a secretario de Comercio cuando se hizo evidente que tomaría tiempo concluir la investigación sobre evidencias de corrupción en la gestión de su gobierno en New México. La audiencia de confirmación en el Senado de Tim Geithner, para dirigir el Departamento del Tesoro fue pospuesta cuando se conoció que varios años atrás dejó de pagar sus impuestos sobre ingresos personales al Servicio de Recaudación de Tributos (IRS, por sus siglas en inglés), un organismo bajo jurisdicción del Tesoro. Varios senadores demócratas protestaron públicamente cuando no fueron informados previamente de la designación de Leon E. Panetta como director de la Agencia Central de Inteligencia.

Pero esos tropiezos no tendrán consecuencias graves. Geithner y Panetta serán confirmados, se designará un nuevo candidato a secretario de Comercio y Obama comenzará el ejercicio de la presidencia gozando de un altísimo grado de aceptación en la población.

Al analizar los nombramientos realizados para los equipos en la Casa Blanca y en la llamada Oficina Ejecutiva que, aunque no tienen nivel ministerial, trabajan con mayor cercanía al mandatario y por esa razón con más comunicación y acceso con él, se torna evidente que Obama utilizará esos funcionarios para garantizar desde la Casa Blanca una influencia más directa y un monitoreo más estricto del funcionamiento del aparato estatal. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Thomas Daschle, será también el jefe de la nueva Oficina de Reforma de la Salud en la Casa Blanca. El veteranísimo funcionario público y experimentado economista Paul Volcker encabezará la Junta de Asesoría Económica de la Casa Blanca, de nueva creación.

El deterioro de la economía nacional y de la mundial hasta alcanzar niveles inimaginables seis meses atrás, está obligando a Obama a poner en segundo lugar algunas de sus iniciales promesas de realizar reformas y cambios en áreas como la atención a la salud, la educación y la seguridad. Durante la transición, Obama ha dedicado la mayor parte de su atención y pronunciamientos públicos a sus planes para la economía.

En las primeras semanas de este año, la crisis se ha vuelto imparable, ya que las medidas de rescate tomadas desde la explosión de la burbuja financiera a mediados de septiembre no han conseguido estabilizar el sector financiero y bancario ni restablecer el flujo de créditos hacia la economía, que han sido los objetivos de esas acciones.

Por el contrario, habiendo gastado más de la mitad de los fondos disponibles en el plan de rescate de 700 000 millones de dólares aprobado por el Congreso, los bancos y entidades financieras están requiriendo de nuevas ayudas, algunos de ellos por segunda vez. Por eso Obama se vio obligado a pedir a Bush que solicitara al Congreso la autorización para disponer de los restantes 350 000 millones, a fin de tener desde el inicio de su mandato recursos para hacer frente a cualquier emergencia. El Senado fue complaciente y el 15 de enero autorizó el uso de esos fondos, por 52 votos a favor y 42 en contra.

La situación no parece tocar fondo. El 13 de enero, Bernard Bernanke, presidente de la Junta de la Reserva Federal (banco central de Estados Unidos) declaró que se iban a requerir nuevas medidas para estabilizar los bancos y eliminar los activos "tóxicos" de sus balances. Significa que el gobierno federal deberá responsabilizarse con fijar un precio de esos activos y comprarlos a los bancos. Pero para hacerlo hará falta mucho más que los 350 000 millones liberados días atrás por el Senado. Ha comenzado a flotar la idea de crear un banco oficial (no privado, sino propiedad del estado) para ocuparse de esta operación. Idea no bien vista por una importante parte del establishment porque huele a "socialismo".

Se espera que en los próximos meses se profundice la crisis hipotecaria, afectando en esta ocasión al sector inmobiliario comercial. Hay inversiones por un estimado superior a 80 000 millones de dólares sin posibilidades de recuperación y se pronostica la quiebra de las empresas involucradas.

Lo anterior es una de las dos direcciones en que Obama pretende atacar simultáneamente la crisis económica.

La otra va dirigida hacia la que podemos llamar la "economía real". Las noticias en el nuevo año sobre la situación económica son, cuando menos, desalentadoras con respecto a las posibilidades de recuperación.

Según el departamento de Trabajo, el desempleo en diciembre del 2008 alcanzó el 7,2% de la fuerza laboral activa, con un total de 524 000 empleos eliminados, elevando a 2,6 millones la cifra de puestos de trabajo cerrados durante el 2008 y continuará aumentando durante todo el 2009. Otro índice importante sobre el comportamiento de la economía porque representa las dos terceras partes del producto interno bruto (PIB), el de las ventas al detalle, mostró una caída del 2,7% en diciembre, que es el mes de mayor ventas en el año. En ese sector, la segunda cadena de ventas de productos electrónicos del país, Circuit City, con sesenta años de fundada, y que ya se había declarado en bancarrota, anunció que cerraba sus operaciones liquidando 567 tiendas y eliminando 34 000 empleos.

El 8 de enero, en su primer discurso después de la elección en noviembre, Obama hizo un llamado de alerta sobre la necesidad de actuar de inmediato sobre la situación económica al señalar: "Por cada día que esperemos¼ nuestra nación se hundirá más profundamente en una crisis que, llegado a un punto, no podremos revertir".

El pasado jueves, la bancada demócrata de la Cámara de Representantes, trabajando conjuntamente con el equipo de transición de Obama, presentó un plan de estímulo económico fiscal por un total de 825 000 millones de dólares a ser ejecutado en los dos próximos años. El plan abarca unos 250 000 millones en reducciones de impuestos a individuos, familias y empresas, y el resto en gastos directos en la economía. En el Senado se trabaja en un proyecto similar, pero que posiblemente contemple gastos mayores, lo que obligaría a compatibilizar ambas propuestas mediante el trabajo de un grupo bicameral ya que las leyes deben ser aprobadas separadamente por ambas cámaras legislativas con un texto idéntico.

Mientras, Obama elogió el proyecto de ley expresando que "salvará o creará más de tres millones de empleos, provee alivio en los impuestos a familias que batallan y a empresas que crean empleos, e invierte en prioridades como atención a la salud pública, educación y energía, que harán a Estados Unidos fuerte y competitivo en el siglo XXI", el líder de la minoría republicana en la Cámara, John Boehner, de Ohio, opinó: "Mis colegas demócratas piensan ahora que pidiendo prestado y gastando pueden volver a la prosperidad".

Inicialmente, Obama pidió tener este plan aprobado por el Congreso y listo para su firma el 20 de enero, pero en realidad lo tendrá, cuando más temprano, el 13 de febrero, último día de actividad legislativa antes de iniciarse el receso de mediados de mes. Para ello se requerirá vencer la oposición que ya se levanta en conservadores demócratas y republicanos, reacios a incrementar los gastos del gobierno y a ver crecer la intervención gubernamental en la economía. Pero al final seguramente, por la gravedad de la situación, logrará que sea aprobado.

En el ámbito internacional, Obama heredará los efectos negativos de lo que con toda justicia puede catalogarse como la agresión israelita-estadounidense contra la población palestina en Gaza. Obama no ha podido o no ha querido expresarse sobre la política externa de la administración, salvo en lo referente a las guerras en Iraq y en Afganistán, donde el equipo militar por él designado sí ha anunciado la intención de aplicar una nueva táctica de contrainsurgencia con un incremento sustancial de tropas para tratar de ganarse la cooperación de la población afgana.

Se mantiene una interrogante sobre cuál será la política exterior de Obama, cuando tres de los más importantes funcionarios encargados de llevarla a cabo son el epítome de las posiciones centristas demócratas, el jefe del Pentágono bajo George Bush y un general de marines con activa participación en la política republicana en el Medio Oriente.

El principal problema para Obama, si cree en sus promesas electorales, es cómo poder movilizar a la población para imponer los cambios prometidos y que el establishment norteamericano va a rechazar cuando considere que afecta sus intereses, ya que los mecanismos de poder están diseñados para defender el status quo y por su compromiso bipartidista a Obama le está vedado llamar a la movilización de las masas por encima de las estructuras existentes y tampoco cuenta con la organización social y política de base popular que le permita hacerlo con efectividad. Esa es la cuestión.