En declaraciones a la prensa la secretaria de gobierno de Bogotá, Clara López, informó que los cadáveres de dos hombres de 31 y 23 años, desaparecidos en septiembre en la localidad capitalina Rafael Uribe, fueron encontrados dos días después en el municipio de Chivor, en el departamento de Boyacá.

Esto coincide con los casos de 11 jóvenes que desaparecieron en los barrios de Ciudad Bolívar y en el vecino municipio de Soacha y cuyos restos fueron hallados en el departamento de Norte de Santander, dados como bajas por las fuerzas militares.

Según la funcionaria, en ambas situaciones se presenta el mismo modus operandi.

Los casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares, denominadas aquí falsos positivos, provocaron una crisis dentro de las instituciones armadas que llevó a la salida de 27 oficiales, incluida la renuncia del jefe de las Fuerzas Militares, General Mario Montoya.

Héctor Quirama, hermano de uno de los asesinados, declaró a la radioemisora Caracol que su familiar padecía una enfermedad mental y no sabía manejar armas, pero junto a su cadáver fue encontrada una ametralladora.

Añadió que los cuerpos tenían varios impactos de bala y vestían ropas limpias, lo que no es lógico en caso de haber ocurrido un combate.

Grupos defensores de derechos humanos y partidos de oposición han insistido reiteradamente en que el gobierno tome medidas drásticas, que vayan más allá de la salida de varios altos oficiales.

Incluso han pedido insistentemente la renuncia del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por su responsabilidad política ante lo que parece ser una práctica sistemática dentro de las fuerzas militares.