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Disturbios estudiantiles y un fondo aportado por Estados Unidos para
cubrir eventuales daños de los medios de comunicación incluye el
plan propiciado por Washington para enfrentar una propuesta de
enmienda constitucional en Venezuela.
El proyecto, que contiene la entrega de tres millones de dólares
para la etapa inicial, fue delineado en una reunión el pasado 8 de
enero en Puerto Rico entre políticos opositores venezolanos y
asesores estadounidenses, precisó hoy el diario local VEA.
La fuente indica que un día antes del encuentro salió hacia
Puerto Rico el encargado de negocios de ese país aquí, John
Caulfield, acompañado de la también norteamericana, Nancy Arek
Caulfield.
Por la parte venezolana participaron Omar Barboza (Un Nuevo
Tiempo), Luis Ignacio Planas (COPEI), Julio Borges (Primero
Justicia), Luis Solórzano (Acción Democrática), Alberto Federico
Ravell (director de Globovision) y Luis Garrido (Bolsa de Caracas).
El diario indica que el gobierno tiene casi todas las pruebas de
la reunión, en la que presuntamente también estuvieron presentes
miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el
Departamento de Estado norteamericano.
Se prevé iniciar las acciones antigubernamentales con
manifestaciones estudiantiles violentas de las universidades
Católica, Santa María y Universidad Central de Venezuela, con el
apoyo de los rectores y otras autoridades de esos centros.
El propósito es frustrar o propiciar el voto negativo en un
referendo el próximo 15 de febrero sobre una propuesta de enmienda
constitucional para establecer la posibilidad de reelección continúa
en cargos de elección popular.
De aprobarse la iniciativa, el presidente Chávez podrá presentar
su candidatura a un nuevo mandato en 2012, posibilidad que inquieta
a la oposición, cuyos líderes han dejado atrás diferencias
históricas para formar un frente coyuntural contra la propuesta.
Los partidarios de Chávez han recogido hasta hoy más de cinco
millones de firmas a favor de la enmienda, que mañana debe ser
aprobada en la Asamblea Nacional y entregada el 16 de enero al
Consejo Nacional Electoral, encargado de organizar el referendo.