El proceso asambleario celebrado en los meses de septiembre y octubre para examinar el Anteproyecto de Ley de Seguridad fue amplio y profundo, y exigió una exhaustiva preparación de todas las estructuras de dirección del movimiento sindical, no solo para organizarlo, realizarlo y controlarlo, sino para enfrentar sus debates, caracterizados por la masiva participación de los trabajadores, el enorme interés despertado y la total transparencia con que se desarrollaron.

Así lo manifestó el diputado Salvador Valdés Mesa, secretario general de la CTC, al informar los resultados de la consulta popular con los trabajadores.

De acuerdo con los datos informados, se efectuaron 85 301 asambleas, el 100% de las programadas, lo que significa que todos los colectivos laborales fueron consultados; participaron 3 085 798 trabajadores, el 93,8% del total de afiliados; se produjeron más de 900 mil intervenciones que incluyeron propuestas, dudas, preocupaciones y sugerencias relacionadas con el texto legislativo y con otros asuntos afines.

Valdés Mesa precisó que se logró el consenso mayoritario en los colectivos laborales, expresado en los 3 057 568 trabajadores que manifestaron su voto a favor de la necesidad de modificar la Ley vigente y respaldaron el Anteproyecto, el 99,1% de los asistentes a las asambleas. Solo 28 596 trabajadores, el 0,9% de los participantes, votaron en contra y en 90 colectivos todos o la mayoría simple de los participantes no lo aprobaron.

Añadió que la consulta popular se convirtió en un importante proceso político, genuinamente democrático que, dada la divulgación del Anteproyecto y otros documentos, propició la activa participación en los debates, amplitud en los intercambios y oportunidad para que cada quien expusiera sus opiniones, incluso discrepantes.

El desarrollo de las asambleas posibilitó profundizar la información y los argumentos, exponer vivencias de épocas pasadas, esclarecer dudas, y lo fundamental, ganar la comprensión y el respaldo de los trabajadores acerca de la necesidad de extender la edad de jubilación y los años de servicio como alternativa impostergable para enfrentar la problemática de la reposición de la fuerza de trabajo requerida a la vuelta de algunos años de no adoptarse medidas oportunas, como las que derivan de las modificaciones legislativas propuestas, entre otras.

Para todos quedó claro que continuar la construcción de la sociedad socialista y mantener nuestras conquistas sociales, solo es posible si contamos con fuerza de trabajo y que esta sea cada vez más eficiente y productiva, dijo.

En sus palabras destacó que la discusión, como regla, no puede catalogarse de formal. Los debates, expresó, fueron fuertes e incluso, polémicos en no pocos de sus temas.

La riqueza de estos análisis, evidenciada en los miles de intervenciones registradas, en los cientos de sugerencias expuestas, y en la aprobación abrumadoramente mayoritaria de los trabajadores, es fehaciente demostración de su confianza en el ejercicio democrático del que tomaban parte.

Se refirió a los principales planteamientos formulados en las asambleas, sobre todo referidos a la extensión de la vida laboral y el tratamiento a los trabajadores comprendidos en el período de tránsito, la ampliación del marco de los años a tomar en cuenta para calcular el monto de la pensión de jubilación por vejez, y la pensión a los huérfanos que arriben a 17 años y continúan estudiando.

Más adelante manifestó que tanto los planteamientos mencionados como otras sugerencias de modificaciones, no pueden examinarse aislados del contexto económico-financiero del país, y que el crecimiento galopante de sus gastos año tras año, obliga a abordar racionalmente cada propuesta, máxime cuando se ha cuidado mantener todos sus beneficios e, incluso, incrementarlos, señalando que algunas propuestas fueron incorporadas a la nueva versión, otras requerirán de nuevos exámenes pero que todas se recogieron por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los organismos competentes.

Igualmente precisó que estuvieron presentes otras preocupaciones que si bien no tienen que ver con el Anteproyecto, influyen de manera directa en el escenario político-social del país, tales como el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la necesidad de adoptar medidas eficaces para lograr que las personas desvinculadas se incorporen a trabajos útiles.