Valorados en cerca de 10 000 millones de dólares —un 20% del Producto Interno Bruto (PIB)—, los estragos producidos por los recientes huracanes Gustav, Ike y Paloma, son enfrentados en Cuba con el máximo de posibilidades al alcance del Estado, y está previsto "avanzar rápidamente en la recuperación contando con el apoyo solidario de todo el pueblo".

José Luis Rodríguez, vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y Planificación, argumentó esa visión ante los diputados al Parlamento, al exponer ayer los hechos más relevantes que testimonian la prioridad dada al resarcimiento de los daños y el monto financiero del impacto de los meteoros; un cálculo que responde a la metodología internacional vigente.

Dicha valoración cuantitativa incluye los gastos en medidas preventivas, las pérdidas materiales directas por distintos conceptos, el combustible y los medios de transporte empleados, el estimado de las producciones de bienes y servicios dejadas de efectuar, el cómputo de las pérdidas en producciones futuras y los llamados costos de oportunidad en las exportaciones. Por tanto, cuando se afirma que los perjuicios rondan el 20% del PIB, ello obedece a una comparación en magnitud; no quiere decir que se rebaje del Producto Interno Bruto del año, aclaró el dirigente.

No podrá el país resolver "de la noche a la mañana" las huellas de la severa catástrofe. Como nunca antes fue devastada la infraestructura económica, social y habitacional. Solucionar los problemas de vivienda será "el proceso más complejo y dilatado en el tiempo", afirmó Rodríguez. El 52,5% del valor de las afectaciones se debe a la destrucción parcial o total de viviendas e instalaciones sociales (salud, educación, deporte y cultura). Solo los efectos sobre los inmuebles de las familias equivalen a más de 4 966,9 millones de dólares (incluye las edificaciones perjudicadas y su reposición).

Más de 600 000 viviendas (comprende 70 000 dañadas por huracanes de años anteriores) necesitan respuestas constructivas; ello equivale al 16% del fondo habitacional del país.

El 37% de las pérdidas totales (más de 3 598,7 millones de dólares) fueron causadas a las actividades agropecuaria y forestal —el segundo efecto de mayor magnitud después de los ocasionados a las viviendas e instalaciones sociales en conjunto, explicó José Luis.

Pese a los cuantiosos estragos, "el balance del esfuerzo por restañarlos y avanzar mucho más, es positivo", dijo el Ministro, al basarse en hechos como los siguientes: a solo tres meses de los primeros huracanes y a un mes del último, en todas las provincias la población tuvo servicio eléctrico. Incluso, antes de ser restablecido el Sistema Electroenergético numerosas comunidades recibieron corriente mediante microsistemas independientes sustentados por grupos electrógenos. En estos momentos quedan apenas 132 clientes estatales sin servicio.

Los 34 municipios más fuertemente dañados por los meteoros reciben asignaciones adicionales de alimentos, lo cual beneficia a más de dos millones y medio de habitantes. Para ese fin fueron destinadas aproximadamente 27 000 toneladas con un costo superior a los 27 millones de dólares.

A fin de compensar las destrucciones sufridas por la rama agropecuaria, se decidió incrementar las producciones para la venta liberada de yogur y leche de soya, pan, harina de maíz, fideos, harina integral de maíz, croquetas y de masa para la elaboración de estas en los hogares.

Aumentaron, además, las ofertas en la gastronomía y el expendio de forma liberada de arroz, frijoles y chícharos, para lo que ha sido necesario incrementar las importaciones de esos y otros surtidos, por un valor superior a los 66 millones de dólares. En total son más de 93 millones de dólares adicionales, sin contar lo que se entrega por la libreta, según destacó el Vicepresidente del Consejo de Ministros.

Entre las decisiones también ponderó las medidas adoptadas para proteger a la población de la actividad de los especuladores, mediante el establecimiento de precios máximos de venta de determinados alimentos en los mercados agropecuarios y de regulaciones sobre las cantidades para adquirir.

Aunque el panorama de la vivienda es complejo, Rodríguez señaló como aspecto positivo la entrega inmediata de materiales para las reparaciones y reconstrucciones, a partir de las reservas creadas por el país, a las que se fueron incorporando donaciones y producciones de la industria nacional. Hasta noviembre, ilustró, se habían distribuido tejas de asbesto, zinc e infinitas y canalones equivalentes a 7 465 432 metros cuadrados de techo, pero la demanda estimada asciende a 19 millones de metros cuadrados.

Informó que está resuelto el 23% de los daños reportados en las viviendas, aunque se trata fundamentalmente de los casos menos difíciles, pues los derrumbes totales requieren mucho más recursos. De estos últimos tuvieron solución hasta ahora el 4%. Nacionalmente, el tiempo estimado de la recuperación, advirtió, será superior a los tres años teniendo en cuenta las posibilidades de producir materiales de construcción en el país. No obstante, agregó, habrá municipios que podrán lograr terminar antes, en el transcurso del 2009 y el 2010.

En la relación de hechos que atestiguan el esfuerzo nacional incluyó el inicio del curso escolar en septiembre. Están recuperados el 52,8% de los centros que sufrieron averías por los huracanes. No obstante, quedan once planteles evacuados y más de 1 500 grupos de estudiantes reciben clases en casas de familias, como muestra de la solidaridad popular.