Culminamos una investigación iniciada poco después de la matanza de septiembre último, pero estos días de fin de año dificultan la realización del documento, explicó a la prensa el legislador por el Movimiento al Socialismo (MAS), Jorge Silva.

De acuerdo con el diputado, las pesquisas permitieron establecer responsabilidades que pudieran evitar la impunidad.

No podemos adelantar más detalles, nos reuniremos después de las celebraciones para elaborar el reporte, dijo la víspera Silva.

El lamentable suceso en el amazónico departamento, donde murieron al menos 20 labriegos, fue calificado en fecha reciente de crimen de lesa humanidad y violación masiva de los derechos humanos.

A semejante veredicto llegaron comisiones de la Unión de Naciones Suramericanas y la ONU, además de la oficina del Defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín.

Los análisis sugieren la participación directa de las opositoras autoridades locales en los asesinatos.

Como principal acusado aparece el ex prefecto pandino Leopoldo Fernández, encarcelado en La Paz.