Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe
reafirmaron hoy en Brasil su compromiso con la defensa de la
soberanía y el derecho de todo Estado a construir su propio sistema
político, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas
unilaterales.
Con la emisión de la Declaración final, concluyó la Primera
Cumbre regional sobre Integración y Desarrollo, efectuada durante
dos días en el balneario de Costa de Sauípe, Estado de Bahía, primer
foro del área sin tutelajes extra regionales.
En su extenso texto, los 33 mandatarios que asistieron al
encuentro precisaron que cada país debe adoptar sus propias
decisiones en un ambiente de paz, estabilidad, justicia, democracia
y respeto a los derechos humanos.
Expresaron la convicción de que la integración política,
económica, social y cultural de la región constituye un factor
necesario para avanzar hacia el desarrollo sostenible y el bienestar
social de sus ciudadanos.
Reiteraron el compromiso de construir un orden internacional más
justo, equitativo y armónico, fundado en el respeto al derecho
internacional y a los principios de la Carta de la Organización de
las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados
y la solución pacífica de controversias.
Además, se pronunciaron en favor del respeto a la integridad
territorial, la no intervención en los asuntos internos de los
Estados, y por el fortalecimiento del multilateralismo como vía
fundamental para asegurar un mundo más estable y pacífico.
Señalaron la urgente necesidad de emprender una verdadera reforma
de la ONU, que la fortalezca y garantice la eficacia, transparencia,
representatividad y democratización de sus órganos principales, en
particular el Consejo de Seguridad.
Enfatizaron en la urgencia de los esfuerzos de cooperación,
complementación e integración regional en el sector energético, ante
los fuertes desequilibrios entre oferta y demanda de energía en el
mundo.
Manifestaron gran preocupación por la crisis financiera actual y
recordaron que los países desarrollados fueron sus causantes y deben
asumir los costos de solucionarla.
También se pronunciaron por una participación activa de las
naciones en desarrollo, para la construcción de una nueva
arquitectura financiera internacional.