El señor Felipe de la Torre, experto de la Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, destacó la satisfacción de esta organización internacional con los importantes avances que los países del área están realizando en la promulgación de leyes contra la delincuencia organizada.

Al intervenir ayer en el IX Encuentro Internacional Ciencias Penales 2008, De la Torre subrayó que la ley constituye simplemente el primero de una serie de elementos que los estados deben desplegar para obtener resultados efectivos que son —desde el punto de vista de la persecución penal— los siguientes: recopilar evidencia idónea para armar un caso, obtener sentencias condenatorias de los miembros de los grupos delictivos organizados, desmantelar las estructuras de las mafias, prevenir la perpetración de nuevos delitos, y asistir y proteger a las víctima de estos.

Destacó que en estos tiempos de globalización van en aumento los tipos de delitos trasnacionales y el número de grupos delictivos organizados. "No hay ningún país inmune, y los estados deben, por consiguiente, prestarse asistencia técnica en la lucha contra delitos complejos que provocan daños graves", enfatizó.

Alertó que la influencia que puedan ejercer los grupos delictivos organizados socava los procesos políticos, las decisiones democráticas, los programas sociales, el desarrollo económico y los derechos humanos.

Está también en juego, agregó, la integridad del sistema financiero, particularmente en lugares del mundo donde se oculta el producto del delito o se lo confunde en operaciones de blanqueo de capital. Las víctimas y los testigos sufren intimidación por los grupos delictivos organizados y resultan doblemente victimizados si no se hace justicia.

De la Torre aseguró que las convenciones internacionales sobre delitos específicos como el tráfico de drogas, el terrorismo, la corrupción y el blanqueo de dinero, han allanado el camino para una coordinación más estrecha y una mayor cooperación entre los estados signatarios.

Resaltó la ayuda que Cuba puede brindar a otras naciones caribeñas y latinoamericanas en la lucha contra el narcotráfico, a partir de sus experiencias y resultados en el enfrentamiento a este flagelo.