De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, esa instalación acogida a facilidades tributarias fue creada para desarrollar el comercio y la economía nacional pero se convirtió en un santuario de ilícitos.

Entre los más favorecidos con lo allí ocurrido estaban el opositor Fernández y sus amigotes, para quienes prácticamente representaba un cheque en blanco, aseguró la víspera el funcionario, durante una conferencia de prensa.

Según Quintana, la auditoría en curso, desde una fecha sin precisar, permitirá a toda la población conocer la magnitud del problema.

La Zona Franca pandina aportaba dinero ilegal luego utilizado en actividades políticas por el otrora prefecto, encerrado por sus nexos con una masacre de campesinos en el norteño departamento, donde el 11 de septiembre último murieron al menos 20 labriegos, explicó.

Un informe de la Unión de Naciones Suramericanas calificó el hecho de crimen de lesa humanidad y sugirió la responsabilidad en la matanza de Fernández y otros cívicos locales.

Quintana adelantó que en las próximas semanas presentarán a la opinión pública los resultados de la investigación.

El más reciente contrabando de envergadura en ese lugar fue detectado el pasado 27 de julio, cuando 33 camiones abandonaron la instalación con mercancías chinas hacia el mercado negro.

Este jueves, el ex jefe de la Aduana César López acusó al ministro de la Presidencia de facilitar dicha operación.