Muchas historias tuvieron un comienzo semejante. Las promesas de
las pirámides financieras resultaron un imán, según relata a BBC
Ingrid, profesora de una escuela primaria en Caicedonia, región del
oeste colombiano.
La cadena ganó cada vez más eslabones. Quienes tocaban las
puertas del rey Midas también involucraban a conocidos. En unas 200
empresas captadoras de dinero que funcionaban "a la sombra", los
altos intereses ofrecidos a los ahorradores se sostenían a partir de
los depósitos que otros realizaban antes.
Pero, el pasado 17 de noviembre el gobierno de Álvaro Uribe
decretó la emergencia social. En varias regiones del país las
llamadas pirámides se desplomaron como castillos de arena.
El derrumbe no solo ocurrió por la ausencia de nuevos clientes,
sino porque los accionistas se esfumaron sin anuncios, dejando con
las manos vacías a miles de incautos que confiaron en "el milagro"
de estas empresas.
Hoy las manifestaciones tienen eco en Putumayo, Nariño, Cauca,
Tolima y otros territorios de la nación. En largas colas, los
colombianos reclaman que el desenlace de la situación traiga consigo
la devolución de su dinero.
Mientras, el Gobierno navega en el río revuelto de estos negocios
para desentrañar su funcionamiento. Tras el cierre de la captadora
Dinero Rápido, Fácil y Ejecutivo, que ofrecía beneficios del 150%
sobre lo depositado en un mes, las autoridades giraron la atención a
la comercializadora DMG, una de las que más estruendo hizo al caer.
La entidad, que llevaba las siglas de su principal accionista,
David Murcia Guzmán, apresado en Panamá, fue intervenida bajo la
sospecha de que creció gracias a los vínculos con el narcotráfico.
Durante la pesquisa policial para investigar la construcción de este
imperio en poco más de tres años, además de la relación con la mafia
se arrojó luz sobre la implicación de políticos en el negocio.
De acuerdo con grabaciones presentadas, DMG, que tenía tentáculos
en al menos 59 ciudades del país y no ofrecía dinero a diferencia
del resto, sino tarjetas de prepago, pudo haber financiado campañas
electorales en varias alcaldías.
Aunque aún no existe certeza sobre las pérdidas, se calcula que
unos 1 000 millones de dólares fueron invertidos en estas pirámides.
Según las declaraciones ante el Congreso de la República del
director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, gran parte
de ese dinero "salió para Panamá y, de ahí, se ramificó en toda
suerte de paraísos fiscales donde es muy difícil seguirle el rastro
o poder recuperarlo".
El escándalo ha estremecido al Gobierno. Medios de comunicación
colombianos denunciaron el letargo del Ministerio de Hacienda y la
Superintendencia Financiera por no actuar a tiempo para detener un
fenómeno cuyas secuelas ya habían sido anunciadas.
En el sur del país, refiere una encuesta divulgada por la revista
digital Semana.com, la caída de las pirámides provocó que la
aprobación del mandatario se encuentre por debajo del 50%.
Sin embargo, una de las consecuencias más graves para la actual
presidencia se produjo en los debates de la Comisión Primera de la
Cámara cuando dos legisladores del Partido Conservador retiraron su
apoyo al referendo para la reelección de Uribe en el 2010. La
aprobación de la consulta quedó en jaque hasta un nuevo encuentro.
En Colombia la llegada de la temporada invernal ha empeorado la
situación. Unos 26 estados han sido castigados fuertemente por las
lluvias y la cifra de damnificados alcanza los 500 000.
La mala racha que vive la nación ha movilizado a las autoridades
para apaciguar la conmoción social.
Aunque, algo ha quedado claro después del derrumbe de los
castillos de arena. La caída de las pirámides resultó la punta del
iceberg. El Gobierno deberá ahora analizar las zonas sumergidas de
esta catástrofe: el costo de la vida y el funcionamiento del sistema
financiero que, en tiempos de crisis económica, provocaron esta gran
estafa.