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Una marcha pacífica de campesinos hacia la ciudad de Tarija,
demandará hoy enjuiciar al prefecto opositor Mario Cossío, por
financiar a grupos violentos que intentaron desestabilizar a Bolivia
en septiembre pasado.
De acuerdo con el dirigente de los labriegos, Ariel Vergara, la
manifestación también es en protesta por el atentado a un gasoducto
y la toma de instituciones públicas, que patrocinó esa autoridad.
Según Vergara, además del presidente del comité cívico de Tarija,
Reynaldo Bayard, encarcelado en la ciudad de La Paz, el prefecto
Cossío debería responder ante los tribunales por esos desmanes.
Los campesinos provienen de las localidades de Villamontes,
Caraparí, Palos Blancos, Yacuiba, Entre Ríos, Bermejo, Padcaya, San
Lorenzo, El Puente y otras zonas rurales de Tarija, precisó.
Vergara confirmó que la caminata concluirá con una gran
concentración en una céntrica plaza para exigir justicia contra los
responsables de tanta violencia y corrupción, entre otros delitos.
Aclaró que los dirigentes locales nunca representaron los
intereses de la población, sino defendieron los apetitos personales
de los prefectos de la mal llamada Media Luna (Pando, Beni, Santa
Cruz y Tarija).
La protesta de los campesinos tarijeños coincidirá con un paro de
24 horas anunciado por dirigentes cívicos en rechazo a las
detenciones realizadas por el Ejecutivo.
Al respecto, el ministro de gobierno, Alfredo Rada, manifestó que
esa medida es repudiable porque respalda a delincuentes procesados
bajo abundantes pruebas.
Los paros y movilizaciones deben realizarse para demandar
reivindicaciones justas y no en función de apoyar a individuos
involucrados en delitos, aseguró.
Por su parte, el vocero presidencial, Iván Canelas, señaló que
existen suficientes elementos para inculpar a quienes participaron
en los hechos violentos que en agosto y septiembre últimos
sacudieron varias regiones bolivianas.
"El asumir medidas de presión frente a la responsabilidad
constitucional y legal que tiene la justicia en Bolivia, es proteger
a quienes cometieron delitos contra el Estado, contra el bien
público y contra las normas legales vigentes, remarcó.