Actualizado 11:00 a.m. hora local

Bolivia: campesinos tarijeños demandarán
enjuiciar a prefecto

TARIJA, BOLIVIA, 3 de diciembre (PL).— Una marcha pacífica de campesinos hacia la ciudad de Tarija, demandará hoy enjuiciar al prefecto opositor Mario Cossío, por financiar a grupos violentos que intentaron desestabilizar a Bolivia en septiembre pasado.

De acuerdo con el dirigente de los labriegos, Ariel Vergara, la manifestación también es en protesta por el atentado a un gasoducto y la toma de instituciones públicas, que patrocinó esa autoridad.

Según Vergara, además del presidente del comité cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, encarcelado en la ciudad de La Paz, el prefecto Cossío debería responder ante los tribunales por esos desmanes.

Los campesinos provienen de las localidades de Villamontes, Caraparí, Palos Blancos, Yacuiba, Entre Ríos, Bermejo, Padcaya, San Lorenzo, El Puente y otras zonas rurales de Tarija, precisó.

Vergara confirmó que la caminata concluirá con una gran concentración en una céntrica plaza para exigir justicia contra los responsables de tanta violencia y corrupción, entre otros delitos.

Aclaró que los dirigentes locales nunca representaron los intereses de la población, sino defendieron los apetitos personales de los prefectos de la mal llamada Media Luna (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija).

La protesta de los campesinos tarijeños coincidirá con un paro de 24 horas anunciado por dirigentes cívicos en rechazo a las detenciones realizadas por el Ejecutivo.

Al respecto, el ministro de gobierno, Alfredo Rada, manifestó que esa medida es repudiable porque respalda a delincuentes procesados bajo abundantes pruebas.

Los paros y movilizaciones deben realizarse para demandar reivindicaciones justas y no en función de apoyar a individuos involucrados en delitos, aseguró.

Por su parte, el vocero presidencial, Iván Canelas, señaló que existen suficientes elementos para inculpar a quienes participaron en los hechos violentos que en agosto y septiembre últimos sacudieron varias regiones bolivianas.

"El asumir medidas de presión frente a la responsabilidad constitucional y legal que tiene la justicia en Bolivia, es proteger a quienes cometieron delitos contra el Estado, contra el bien público y contra las normas legales vigentes, remarcó.

 

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