Aunque la entrega oficial tendrá lugar este miércoles en el Palacio de Gobierno, la opinión pública doméstica y la comunidad internacional conocen ya que la comisión designada por el bloque regional para estudiar el caso ratificó la ocurrencia de una matanza y demandó justicia.

Según declaraciones del abogado argentino y jefe de las pesquisas, Rodolfo Mattarollo, resulta indudable la participación de autoridades locales como el ex prefecto y ahora detenido Leopoldo Fernández en el crimen de lesa humanidad sellado con saldo de 18 muertos y decenas de heridos y desaparecidos.

Junto al reclamo de acciones legales contra los involucrados, el investigador criticó la incapacidad de la justicia boliviana para procesar a autores de delitos.

Tales reproches coinciden con criterios de funcionarios del ejecutivo de este país andino, quienes denuncian la corrupción del poder judicial y su subordinación a la extrema derecha.

La comisión de UNASUR, integrada por forenses, peritos en balística y otros expertos, visitó el lugar de los hechos (el pandino poblado de Porvenir) y entrevistó a víctimas, testigos e implicados en los mismos.

De acuerdo con miembros del grupo multinacional ejecutor de las pesquisas, sus actuaciones fueron transparentes y únicamente comprometidas con la verdad.