En declaraciones a Prensa Latina, el funcionario calificó a ese poder constitucional de políticamente parcializado y corrupto, a partir de su postura y la vía para designar a sus miembros.

Como resultado la extrema derecha está afianzada en el poder judicial y en sus instancias, entre ellas la Corte Suprema, de ahí la necesidad de luchar para imponer la voluntad del pueblo, señaló.

De acuerdo con Chávez, semejante panorama se traduce en dilataciones de procesos, maniobras obstruccionistas y pronunciamientos ajenos a sus competencias.

Incluso algunos magistrados acordaron rechazar el proceso constitucional boliviano, mientras guardaron silencio cómplice cuando el país estaba amenazado por las autonomías ilegales, lamentó.

Para el vicetitular, peor aún ha sido la postura asumida por el poder judicial luego de la violencia desatada en agosto y septiembre últimos, en el oriente de esta nación andina, por sectores radicales de la oposición.

Por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz ocurrieron asaltos a instituciones y no ha habido un sólo detenido por esos hechos, ilustró.

Según el funcionario, igual impunidad intentan aplicar en el caso del opositor ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, principal acusado por la masacre de Porvenir, poblado donde murieron casi 20 personas, la mayoría campesinos, y decenas continúan desaparecidas.

Ante tal parcialidad política hemos acudido y acudiremos a mecanismos para tratar de hacer valer la justicia, advirtió.

Chávez expresó a Prensa Latina su confianza en que la aprobación el próximo 25 de enero de la nueva Constitución Política del Estado revierta la actual crisis de credibilidad en dicho sistema.

Bajo el nuevo contexto de la carta magna poco a poco llegaría la transparencia, el control a fenómenos como el nepotismo, la elección interesada de sus miembros, la inacción, la morosidad y el compromiso político ajeno a la legalidad, afirmó el joven dirigente.

Respecto a los individuos vinculados con la violencia, el viceministro reiteró la decisión del gobierno boliviano de procesarlos penalmente dentro de las garantías constitucionales vigentes.