Este lunes la Procuraduría General comenzó una investigación para establecer si magistrados, gobernadores, concejales y miembros del Congreso recibieron sobornos de la empresa DMG, para garantizar su funcionamiento.

De entrada, el procurador general, Edgardo Maya, pidió al Consejo Nacional Electoral un informe sobre la financiación de las campañas de los gobernadores de los 32 departamentos del país. También anunció que se indagará en todas las entidades públicas que debían vigilar el sistema financiero y las operaciones de las decenas de empresas ilegales que surgieron en los últimos años sin control alguno.

Según grabaciones telefónicas reveladas por medios de prensa son varios los políticos relacionados con David Murcia, principal accionista de la empresa DMG, actualmente en prisión.

En una de ellas se evidencia que Murcia aportó 400 millones de pesos (unos 200 mil dólares) a la campaña de pedro Alonso Sanabria, quien no ganó una gobernación, pero luego fue elegido magistrado de la Corte Suprema.

La misma grabación pone en claro la financiación de Jorge Cuáqueta, candidato a la alcaldía de Suesca, en Cundinamarca.

También aparecen implicados los gobernadores de los departamentos de Magdalena y Bolívar y el alcalde de la ciudad de Santa Marta.

En total en las elecciones regionales del 2007 Murcia apoyo, según las revelaciones aparecidas hasta el momento, a 12 candidatos, de los cuales 10 resultaron vencedores en los comicios.

Asimismo está en entredicho la actuación de los congresistas, pues ninguno asume ahora la inclusión en un proyecto de reforma financiera que se discute en el Congreso, de un párrafo en que se reconoce el manejo de tarjetas pre pago.

Este recurso fue la base del funcionamiento de la empresa DMG, cuyo jefe en otra grabación anuncia la entrega de dinero a varios senadores y representantes, para que impulsen esa reforma.

Asimismo medios de prensa critican la actuación del gobierno, que dejó estallar la crisis a pesar de los llamados de alerta de algunas instituciones.