.— El Gobierno de Bolivia
a través de sus instituciones y en interacción con la sociedad asume
el compromiso de garantizar la seguridad ciudadana, señaló hoy el
vicepresidente de la República, Álvaro García.
De acuerdo con el segundo mandatario, para el cumplimiento de
dicho propósito se necesitan políticas en función de generar
empleos, potenciar la salud y la educación, además de redistribuir
las riquezas.
La falta de esos pilares y el abismo entre los que tienen y los
que no impulsan al delito y a la búsqueda de bienes por vías
ilícitas, advirtió García, en la presentación del Plan Nacional
Bolivia segura para vivir bien.
Es por ello -precisó- que el gobierno prioriza la inversión
pública, la cual en 2008 duplicará lo destinado al sector hace tres
años.
Según el dirigente, para 2009 los gastos estatales encaminados al
bienestar social serán superiores en casi cinco veces a los
existentes antes de llegar al poder el Movimiento al Socialismo
(MAS).
Junto al papel del ejecutivo está el accionar de la Policía
Nacional, las Fuerzas Armadas, el Congreso, el sistema de Justicia y
la población, aseguró el presidente en funciones, a partir de la
salida al exterior del primer mandatario Evo Morales.
Para García, la interacción entre los referidos factores es vital
y debe materializarse bajo los principios de la coerción, la
prevención y la cohesión.
Se trata de una labor de todos, resaltó el político de 46 años,
quien recordó que con la entrada en vigor del plan de seguridad
ciudadana el MAS cumple con el último de los 10 puntos presentados
como programa para llegar al gobierno de la nación andina.
En otros momentos de su intervención, el vicepresidente de la
República pidió la participación del sector privado en el programa,
y llamó a reformar los mecanismos judiciales.
Necesitamos un sistema de Justicia rápido, menos propenso a la
manipulación y con mayor vínculo social, capaz de garantizar la
convivencia pacífica y a la vez el rigor contra los que la violen,
consideró.
El gobierno del MAS impulsa su proyecto para potenciar la
tranquilidad y el bienestar de la población, en respuesta al
incremento de los delitos comunes y los actos violentos reportados
en los últimos años.