Daniel Garrido, vecino del poblado de Siboney, aseguró que exigir, controlar y eliminar los abusos originados por las carencias son tareas impostergables para mejorar la transportación masiva de pasajeros.

Los camiones asumen una parte importante de la transportación en Santiago de Cuba.

Al igual que él, otros lectores de Santiago de Cuba escribieron a la sección Cartas a la Dirección de nuestro diario para refrendar el negativo impacto de un grupo de ilegalidades que atentan contra el normal desarrollo de una de las actividades de mayor contacto popular.

Cerrar la brecha a las ilegalidades, eliminar las actitudes tolerantes y denunciar a los que de manera oportunista se aprovechan de las dificultades del Estado para sustentar este servicio público, son temas que mueven la opinión de los santiagueros y parte de las acciones que emprende el territorio para enfrentar a los transgresores.

Las principales dificultades se localizan en los puntos de mayor afluencia y concentración de personas, aseguró a Granma Vladimir Alarcón, director de la Empresa Provincial de Transporte.

El reforzamiento del transporte de pasajeros en Santiago debe ir acompañado de organización en todo momento.

Fue enfático al decir que mientras se hace un colosal esfuerzo por recuperar la infraestructura y el equipamiento de una de las actividades más deprimidas durante el periodo especial, hay quienes persisten en lucrar a costa del pueblo.

A su juicio el criterio de las masas se sustenta en sólidos argumentos, como lo sucedido en la Terminal Intermunicipal de Calle 4, donde se han adoptado un grupo de medidas más enérgicas contra los infractores.

Allí se discutió la cuota de responsabilidad de administrativos y trabajadores, así como la necesidad de erradicar la negligencia, la superficialidad y los enfoques justificativos para eliminar las vulnerabilidades y cumplir nuestros compromisos sociales, atestiguó Vladimir.

Las terminales, dijo, no pueden continuar siendo sitios de operaciones para los vendedores y transportistas ilegales. Todos somos responsables de prever y actuar contra los hechos que acentúan las tensiones sociales y afectan la cotidianidad de los santiagueros.

Miles son las sanciones impuestas al transporte estatal y privado de la provincia, donde diariamente se trasladan desde y hacia sus hogares unos 340 000 viajeros.

Los inspectores tienen la responsabilidad de exigir orden y disciplina.

Durante los nueve primeros meses de este año los cuerpos de inspectores realizaron más de 72 500 inspecciones, de ellas 12 558 a vehículos particulares, cuyo aporte a la transportación urbana e intermunicipal todavía es insustituible.

Las cifras impactan. Por concepto de violación de precios, exceso de pasajeros y cargar fuera de las terminales se retiraron en igual etapa 46 licencias operativas, se archivaron 1 052 actas de advertencia y se impusieron 4 464 multas, con énfasis en 286 que oscilaron entre los 250 y 1 000 pesos.

Cierto que las acciones de todos los cuerpos de inspección son visibles, aunque no suficientes. Para eliminar las fisuras se han creado puntos de supervisión en las terminales.

Paulatinamente avanza el trabajo multifactorial para enfrentar los hechos delictivos y las indisciplinas de los transportistas.

Los cuerpos de inspectores del MITRANS, de conjunto con la dirección del sector, la fiscalía, el MININT y las autoridades del gobierno y del Partido chequean sistemáticamente las incidencias, restablecen el orden y cada vez con mayor rigor enfrentan el inescrupuloso proceder de incrementar las ganancias y recaudaciones a costa de la transportación masiva.

Desobediencia, irrespeto a la ley, muestran los propietarios de los camiones y camionetas UDN-662 que cubren la ruta hacia Segundo Frente, multados en nueve ocasiones por exceso de pasaje y no contar con licencia operativa; el UDL-948 y el UDM-888 de Caletón Blanco y Chivirico, reportados en seis oportunidades por transportar sin autorización y el UDN-883, sorprendido cinco veces en la ruta de Platanillo agenciándose pasaje siendo un vehículo de carga.

Inadmisible el caso del camión, chapa UDN 034 y propiedad de Hortensio Reyes Quiala, que el sábado 18 de octubre al salir de la Terminal de Calle 4 continuó cargando usuarios a sobreprecio.

Los inspectores estatales le impusieron la multa, al tiempo que su respuesta fue bajar a decenas de viajeros y no continuar rumbo hacia el municipio de Contramaestre.

Actitudes como estas laceran y suceden con frecuencia. Al pueblo, al Estado se respetan. Dar servicio público implica el estricto cumplimiento de las obligaciones fijadas.

Las violaciones no solo se concentran en los porteadores privados, sino en los taxistas que alteran las tarifas fijadas, los choferes de ómnibus que no entregan íntegramente la recaudación y en los conductores del sector empresarial que no recogen en las paradas y sin embargo cobran de forma ilegal.

Ejemplarizante las sanciones a los comisores de hechos vandálicos contra los ómnibus urbanos, que este año suman 20 y fueron tratados en correspondencia con la gravedad del delito y su repercusión en la cifra de pasajeros dejados de transportar.

Muchas son las acciones estatales dirigidas a controlar ambas actividades. Cifras oficiales confirman que más de 900 000 personas viajan como promedio anual desde esta provincia hacia todos los destinos del país.

Las tripulaciones de la Empresa de ómnibus ASTRO de Santiago de Cuba han incurrido este año en 46 indisciplinas, lo que representa cerca del 50% de las violaciones reportadas en el territorio oriental.

De ahí que se extremen las medidas para evitar que los clientes viajen sin el comprobante de pago, los choferes realicen paradas fuera de las terminales y se sancione con severidad a quienes circulan con asientos vacíos y cometen otras infracciones.

Una situación similar presenta la comercialización de boletines en las agencias y estaciones subordinadas a la Empresa de Viajeros, que durante el 2008 ha recibido reportes de 61 violaciones.

Frustrar el afán de lucro no solo requiere de soluciones tácticas y momentáneas, sino radicales, estratégicas, colectivas. Más allá de las coyunturas y las circunstancias esta también es una cuestión de índole moral, de trascendencia política, de responsabilidad jurídica.