Desde el ascenso de Evo Morales a Palacio Quemado, en enero del 2006, una nueva etapa descorrió sus cortinas en Bolivia. Aunque algunos analistas reduzcan la situación a una confrontación circunstancial, lo que se evidencia en ese país es la agudización de un conflicto histórico con la llegada al poder, por primera vez en siglos, de los sectores populares.

Junto a Evo, el pueblo celebró la aprobación del referendo mediante el cual, por primera vez en la historia de Bolivia, será consultado sobre el destino de la Carta Magna.

Hoy los bolivianos miran hacia el referendo constitucional del 25 de enero del año entrante. La aprobación de la nueva Carta Magna podría hacer realidad la aspiración de refundar la nación. Sin embargo, el camino es aún complejo. Si bien Evo y las organizaciones sociales conducen el timón hacia el cambio, la derecha y Washington intentan desdibujar el horizonte.

Días atrás la secretaria de Estado norteamericana, Condolezza Rice, comunicaba que Bolivia era retirada de un programa de preferencias comerciales, debido a su "ineficacia en la lucha antidrogas".

Para el Gobierno de la nación sudamericana, la decisión, que podría arrojar a la calle a unos 30 000 trabajadores bolivianos con empleo directo y derivaría en la ausencia de mercado para más de 300 millones de dólares en exportaciones, estaba clara.

La determinación de la Casa Blanca es una represalia contra Bolivia, declaró Evo, quien, al suspender por tiempo indefinido las actividades de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), arrojó luz sobre las operaciones de la entidad en apoyo al frustrado golpe cívico contra su mandato.

Mientras la oposición, tras el respaldo popular del 67% que recibió el Presidente en el referendo revocatorio del 10 de agosto, se apoderaba de instituciones estatales, desabastecía de gas y otros productos a diferentes regiones, y en Pando, morían en una masacre 18 campesinos seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) ––situación que hizo instalar el estado de sitio en ese departamento––, la DEA era parte del espionaje político y la promoción de sabotajes en los aeropuertos de Trinidad y Riberalta.

Otra vez, EE.UU. se aliaba a los prefectos opositores, quienes, presionados por el respaldo de los mandatarios de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) al Gobierno boliviano, tomaron asiento en Cochabamba para discutir la nueva Constitución.

Los pretextos de los miembros del autodenominado Consejo Nacional Democrático (CONALDE) incluyeron hasta la revisión íntegra del texto constitucional. Frente a la negativa de los interlocutores, encabezados por el vicepresidente Álvaro García Linera, a poner en riesgo los preceptos esenciales del proyecto, el Acuerdo Nacional, que daría luz verde al referendo sobre la Carta Magna, quedó sin cerrar. Las conversaciones subieron al Senado.

Después de varios días de discusiones entre el MAS, que representa Evo Morales, y los partidos mayoritarios de la oposición: Poder Democrático Social (PODEMOS), dirigido por el ex presidente Jorge Quiroga; el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); y Unidad Nacional (UN), el Gobierno alcanzó los dos tercios que necesitaba para viabilizar la ley de convocatoria al referendo dirimidor sobre la tierra y aprobatorio de la Constitución.

La voluntad de diálogo del Ejecutivo boliviano permitió modificaciones en el proyecto constitucional, aprobado el pasado diciembre en Oruro, que, según el propio mandatario, no extraviaron "la sustancia política de la propuesta original".

En la Plaza Murillo, de la capital, los sectores populares, que marcharon desde Caracollo para exigir la aprobación del convenio entre el oficialismo y la oposición, festejaron junto a Evo el acuerdo.

Sin embargo, en esta ocasión, tampoco faltaron las trabas al referendo sobre la Carta Magna. El Jefe de Estado optó por la renuncia a una segunda reelección en el 2014, que usaban los opositores como excusa para evadir el arreglo. Lo urgente era "ponerle un candado a la Constitución, por si algún día dejamos de ser Gobierno", advirtió Morales.

Según el periódico El Deber, las prefecturas de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija) y Chuquisaca, bajo el mando de Santa Cruz, ya han anunciado la creación de un Frente Amplio para impedir la aprobación de la Carta Magna. PODEMOS también divulgó el comienzo de una campaña similar, pues, entre otros elementos, se resisten a una Constitución que "pone en riesgo la propiedad privada de la tierra", y "oficializa 36 idiomas indígenas".

Entretanto, otra parte de la oposición, en un inminente giro de planes, proclamó su respaldo a la Ley de leyes, por lo que las organizaciones seguidoras del MAS pidieron a Morales "adoptar decisiones para evitar que, como un caballo de Troya, debiliten los programas del Gobierno".