Ecuador sigue hoy sin su máximo órgano judicial, debido a la
negativa de ex magistrados de integrar el Consejo Nacional de
Justicia (CNJ), lo cual constituye el primer obstáculo de este
proceso de transición.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la víspera la
entrega de acreditaciones a los 21 jueces que resultaron favorecidos
en el sorteo para integrar la CNJ, tras recibir una carta de la
Comisión Legislativa.
En la misiva Fernando Cordero, presidente de dicha Comisión, que
cumple las funciones de Asamblea Nacional, señala que se resolvió
pedir una consulta a la Corte Constitucional (CC) sobre la negativa
de 20 de los 21 jueces de la otrora Corte Suprema de Justicia (CSJ)
de asumir las nuevas responsabilidades.
La resolución de la CNE se adopta con la presencia del ex
magistrado José Vicente Troya, el único de los miembros de la CNJ
dispuesto a asumir su cargo.
Troya señaló que la ausencia del órgano de la administración de
la justicia constituye un grave problema, pues se paralizarán miles
de casos y procesos, lo cual ocurrió ya en el 2005, cuando el país
se quedó cerca de un año sin CSJ.
La solicitud realizada por la Comisión Legislativa pide una
interpretación del inciso primero del artículo 436 de la Carta
Magna, el cual se refiere a cómo actuar en el caso de ausencia
temporal o definitiva, excusa o renuncia de los jueces sorteados.
Se reclama además a la CC que defina qué pasará con los juicios
que están suspendidos en la Suprema y las cortes policiales y
militares, y una definición de la situación del Consejo Nacional de
la Judicatura.
Los vocales de este último organismo presentan problemas para
tramitar las quejas pendientes y resolver asuntos del presupuesto de
la Función Judicial.
Todo se obstaculizó tras la salida del presidente de la
desaparecida CSJ, quien también dirige la Judicatura y en su
ausencia no exista el número de miembros para tomar una decisión.
Se trata del primer escollo del proceso de transición, iniciado
el 20 de octubre último con la entrada en vigor de la nueva
Constitución, aprobada por la mayoría en un referendo.