El Ejecutivo responsabiliza a Fernández, detenido en La Paz, de ser el principal responsable de una matanza contra campesinos el pasado 11 de septiembre, con saldo de 18 muertos y más de 100 desaparecidos.

La ex autoridad también desacató el estado de sitio decretado el 12 de septiembre último, pero representantes del poder judicial en Chuquisaca pretenden liberarlo mediante recursos irregulares, de acuerdo con la parte acusadora.

El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, anunció que el ejecutivo presentará una denuncia penal en contra de Baptista por uso indebido de influencias.

Según explicó, el pasado 19 de septiembre, Baptista tramitó de manera oficiosa una inhibitoria en la ciudad de Sucre, en un tiempo récord, para favorecer a su amigo Fernández, pero sin tener competencia.

Añadió que como juez de garantía, el magistrado debió requerir la proposición acusatoria sobre la que se basaba el proceso de investigación que hizo en su momento el Fiscal General de la República, Mario Uribe.

"No ha pedido, no ha cumplido su deber y esto porque no existe proposición acusatoria; primer elemento que nos da el uso indebido de influencias", aseveró.

Otro argumento que citó Chávez "y la más grave", según dijo, fue la conducta pública del ministro Baptista, quien amenazó al Fiscal General con iniciarle un proceso penal si no reasumía el juicio de responsabilidades contra el ex prefecto Fernández,

El magistrado olvidó, afirmó, que había sido el mismo Fiscal quien en septiembre pasado entregó expedientes a una Comisión Especial Multipartidaria del Congreso para que investigue los hechos acaecidos en la región amazónica de Pando.