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El presidente de la Comisión de Legislación y Fiscalización,
Fernando Cordero, afirmó hoy aquí que la administración de justicia
ecuatoriana necesita modificaciones legales.
Estamos comprometidos a trabajar en la elaboración de las leyes
orgánicas de la Función Judicial y del Consejo de la Judicatura en
este período de transición que se extenderá hasta el primer
trimestre de 2009, resaltó Cordero.
Puntualizó que cuentan con un cronograma de aprobación para esas
legislaciones, el cual será analizado cuanto antes, y se prevé
escuchar los criterios y sugerencias de la ciudadanía.
Al referirse a 20 de los 21 magistrados negados a asumir sus
puestos en el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), insistió en la
necesidad de que acaten la carta magna vigente como buenos
ciudadanos.
Pensamos que todos los ecuatorianos están comprometidos con el
cambio y me parece que hemos actuamos apegados a la ley y es
importante resaltar que la nueva institución de justicia requiere de
cambio legales, subrayó en declaraciones a un canal de la televisión
nacional.
El máximo representante de la Comisión Legislativa, que cumple
las funciones de la Asamblea Nacional, admitió que no esperaba una
actitud negativa de los ex jueces de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), que fueron elegidos por sorteo para integrar la nueva CNJ.
Independientemente que nos guste o no debemos cumplir con lo
establecido en la carta magna aprobada por la mayoría de la
ciudadanía en un referendo, enfatizó.
Cordero reconoció la necesidad del país de contar con una nueva
legislación judicial, sea interpretativa u orgánica, pero reiteró
que los ex magistrados deberán asumir sus nuevas funciones de manera
temporal.
Aclaró que la función legislativa puede hacer leyes nuevas,
modificaciones y reformas a las existentes, pero no tiene opciones
para obligar a los renegados jueces a rectificar y asumir su
responsabilidad en este proceso.
El Consejo Nacional Electoral se apresta a entregar este
miércoles las credenciales a los ex magistrados, elegidos en un
sorteo público.
La oposición de estos a acceder al máximo tribunal de justicia se
convierte en el primer obstáculo que enfrenta el proceso de
transición, iniciado el 20 de octubre último con la entrada en
vigencia de la nueva carta magna.
Sin una CNJ, Ecuador se enfrenta a un nuevo período sin el máximo
órgano de la administración de justicia, muy parecido al ocurrido en
2005, que provocó un vacío legal y el estancamiento de miles de
casos y procesos.