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Las revelaciones de un informe oficial sobre la penetración de la
Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en Ecuador acaparan
hoy la atención nacional.
Los resultados de esta investigación, realizada por un grupo
cívico-militar, mostraron la desconexión entre el nivel político
estratégico y los subsistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional, denunció la víspera el ministro de Defensa
Javier Ponce.
Existen excesivos niveles de discrecionalidad de los organismos
de inteligencia, lo cual se evidenció en el manejo de la información
relacionada con el bombardeo colombiano a una zona norte ecuatoriana
del 1 de marzo último, subrayó.
Al presentar aspectos del informe, reveló que los convenios
normales de cooperación entre organismos castrenses de Washington y
Quito sirvieron de cobertura a acuerdos informales que constituyeron
claras formas de infiltración de la CIA en el servicio de
inteligencia nacional.
El titular subrayó que militares nacionales vendieron información
a agentes estadounidenses sobre la frontera norte, la cual pudo ser
utilizada en el Plan Colombia o por el servicio de espionaje de este
último país, aseveró.
Puntualizó que la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de
la Policía es prácticamente financiada y controlada por la embajada
norteamericana en esta capital.
La UIES recibe recursos en el marco de un acuerdo verbal para
todo tipo de suministros y sus miembros son seleccionados en buena
parte por un equipo técnico de la propia embajada norteamericana,
enfatizó.
Se trata dijo- de una agencia creada a la medida e intereses de
los organismos de inteligencias estadounidenses, agregó.
Ponce señaló que la UIES y la Dirección Nacional de
Antinarcóticos (DNA) se presentan como los servicios más
influenciados y penetrados, lo cual motivó que la Comisión
recomendara la eliminación del primero y la reestructuración
profunda del segundo.
Uno de los casos de penetración más evidentes fue el de la
llamada red SWAT, lo que motivó la expulsión del país en el 2007 de
la posible cabeza de esta organización, Leila Hadad Pérez, quien
contaba con protección al más alto nivel y mantenía contacto con
altos mandos castrenses, enfatizó.
Al referirse al bombardeo colombiano a la zona fronteriza de
Angostura, el titular señaló que la CIA estaba en pleno conocimiento
de lo que estaba ocurriendo ese día.
Destacó que una fuente de la embajada estadounidense en Ecuador
llamó horas antes de ese ataque a un oficial nacional y le informó
de manera concreta sobre esa acción militar.
En este caso se confirma la discrecionalidad del servicio
inteligencia militar, el ocultamiento de información y la
desaparición de evidencias para confundir al poder político,
aseguró.
Ponce indicó asimismo la presunta colaboración entre Estados
Unidos y Colombia en esa operación, pues los aviones de Bogotá no
cuentan con la tecnología para lanzar las bombas utilizadas en esa
incursión.
La Comisión encomendó al presidente ecuatoriano, Rafael Correa,
realizar una reestructuración profunda de los organismos castrense
de inteligencia, evaluar los convenios de cooperación y suspender y
prohibir toda colaboración financiera internacional sin el aval del
poder político.
Finalmente, se pide que la Fiscalía General inicie una indagación
para determinar responsabilidades civiles, administrativas y penales
en base a la información presentada en el informe.