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Las arbitrariedades del proceso seguido en Estados Unidos contra
cinco antiterroristas cubanos, encarcelados desde hace 10
años, denunciaron aquí los destacados juristas chilenos Juan Guzmán
y Leonardo Aravena, quienes demandaron su liberación.
Ambas personalidades participaron, junto a María Eugenia
Guerrero, hermana de uno de los prisioneros, en un coloquio
celebrado la víspera en el Centro de Estudios de Derechos Humanos (CEDH)
de la Universidad Central, al que concurrieron académicos, abogados
y defensores de los derechos humanos.
Guzmán, el juez que procesó al dictador Augusto Pinochet y actual
director del CEDH, relató que asistió el año pasado a una audiencia,
realizada en de Atlanta, Georgia, donde comprobó que el
procedimiento fue absolutamente injusto.
Tras enumerar varias medidas ilegales aplicadas contra
Antonio Guerrero,
Fernando González,
Gerardo Hernández,
Ramón Labañino y
René González, señaló que existe una desinformación
deliberada sobre el caso, por lo que llamó a difundirlo ampliamente.
Frente a quienes informan desinformando, dijo, todas las voces
son importantes cuando proporcionan la verdad y están basadas en
situaciones reales que provienen de fuentes fidedignas.
Por su parte, Aravena, profesor de derecho penal de la UCEN y
directivo de Amnistía Internacional en Chile, planteó que el caso de
los cubanos permitió constatar las graves falencias del sistema de
justicia norteamericano.
Precisó asimismo la presión y condena anticipada de los imputados
por el medio y la prensa, la manipulación de los testigos, la
imposibilidad de elegir jurados imparciales y el aislamiento e
incomunicación prolongada.
Tras insistir en que no se respetaron las normas del debido
proceso, concluyó que nada se ha respetado y poco queda de justo,
pues no existen las garantías para ello.
Ambos juristas también denunciaron el trato cruel e inusual
contra los familiares de Los Cinco, algunos de los cuales no han
podido realizar visitas en 10 años.
Al respecto, María Eugenia, la hermana de Antonio Guerrero,
relató brutales experiencias vividas por ella y por otros
familiares, por lo que nos parece afirmó- que se nos quiere cerrar
el camino jurídico.
Nosotros confiamos más en la solidaridad mundial y, por eso,
todos los familiares estamos impulsando una campaña internacional
para lograr su liberación, dijo al tiempo que agradeció las palabras
de Guzmán y Aravena, así como la ayuda de las organizaciones
chilenas de solidaridad.
En el coloquio, en el que también participó Olga Fernández,
consejera de la embajada cubana, se distribuyó un documento,
titulado Diez años de injusticia, con antecedentes del caso y con un
llamamiento a escribir cartas a altos funcionarios del gobierno
norteamericano, de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional.