Reinaldo Villalba, de la Coordinadora Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), que congrega a un centenar de organizaciones, señaló que la medida aplicada por el gobierno debe verse como un triunfo de los defensores de derechos humanos.

Puntualizó que precisamente esos grupos han denunciado reiteradamente esa grave situación y han sido los abanderados del clamor de la sociedad colombiana.

Subrayó que la medida debe ser sólo el primer paso de un largo camino ante la enorme dimensión del problema de las ejecuciones extrajudiciales en el país.

Al respecto advirtió que no se trata de negligencia o falta de control de los mandos militares sino de una situación sistemática y generalizada.

Por su parte, Stefan Ofteringer, observador internacional, declaró a Prensa Latina que el gobierno colombiano debe investigar todos los hechos que ocurren en el país y que no son fenómenos aislados sino generalizados.

Precisamente, hoy la CCEEU presentó un detallado y demoledor informe titulado Ejecuciones extrajudiciales: Una realidad inocultable, el cual señala que sólo entre enero del 2007 y julio de este año 535 personas murieron en ejecuciones extrajudiciales.

El documento advierte que esa cifra corresponde a los homicidios atribuibles directamente a la fuerza pública y no incluye aquellas en las cuales los uniformados actuaron en contubernio con grupos al margen de la ley, en especial los paramilitares.

Ello representa un muerto por día, casi el doble de lo reportado entre 2002 y 2007 y el triple con respecto a la etapa anterior a la toma de posesión del gobierno de Álvaro Uribe.

Según la CCEEU no fue posible determinar en el 78 por ciento de los casos si fueron objeto de algún proceso judicial o si permanecen en completo olvido por las autoridades.

Este miércoles el presidente Uribe y su cúpula militar anunciaron la destitución de tres generales, cinco coroneles, siete tenientes coroneles, cuatro mayores, un capitán, un teniente, seis sargentos y un cabo.

Los militares estaban involucrados en las desapariciones de al menos 23 jóvenes de Soacha y Bogotá, cuyos cadáveres fueron hallados luego en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, reportados por el ejército como muertos en combate.

Sin embargo, el presidente Uribe reconoció que una investigación evidenció serias negligencias en los mandos militares que permitieron la comisión de esos crímenes.

Asimismo se comprobó la confabulación de los militares con delincuentes, para hacer ver falsamente que se estaba combatiendo a grupos paramilitares, cuando en realidad eliminaron a personas inocentes.

Dania Sánchez, de la Coordinadora Minga, defensora de los derechos humanos, dijo que es necesario cuestionar no sólo a quienes cometieron los delitos, sino en general a la política de Seguridad Democrática del gobierno.